Ripa insinúa que en el juicio del caso Marea «ha sobrevolado la sombra de una presunta financiación irregular» del PSOE

El secretario general de Podemos Asturies afirma que «no se ha investigado» y califica de «estrámbotica» la actuación del Principado en el proceso

Emilio León y Daniel Ripa en el Consejo Ciudadano
Emilio León y Daniel Ripa en el Consejo Ciudadano

Redacción

El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha manifestado este viernes que «la sombra de una presunta financiación irregular» del partido socialista «ha sobrevolado durante todo el juicio» del caso Marea. Sobre este punto, ha manifestado que una de las acusadas comentó durante el juicio que se le «había planteado utilizar una empresa para hacer financiación irregular». Asimismo, también ha llamado la atención sobre algunos apuntes contables del año 2007 de Almacenes Pumarín que hacen referencia a «unas chapas y encendedores» de «Vota Dolores, PSOE Llanes».

Según ha asegurado Ripa, los inspectores de Hacienda han asegurado durante el juicio que esta situación «no se investigó» por lo que «nadie ha respondido hasta ahora» si este merchandising político fue pagado «desde Almacenes Pumarín o desde el PSOE». En una rueda de prensa celebrada en la Junta General del Principado, Daniel Ripa ha realizado una valoración política de juicio que ha considerado que ha revelado el «modelo de gestión de absoluto descontrol» durante la legislatura de Álvarez Areces.

Ripa ha criticado «la falta de diligencia» del abogado del Principado de Asturias que ha centrado «su esfuerzo acusatorio» en la acusada Marta Renedo y ,en menor medida, María Jesús Otero, para colaborar en «la operación de salvar al soldado Riopedre para limitar los daños» que pudiera ocasionar este caso al Gobierno de Asturias.

En ese sentido, ha destacado que en esta actuación «estrámbotica» del Principado se «ha tardado cinco años en presentar un informe de daños» lo que ha impedido que «se valoren adecuadamente los daños que ha sufrido el Principado de Asturias» por estas supuestas desviaciones de dinero público.

No obstante, ha considerado que este intento de salvar al antiguo consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, ha fracasado. Ripa ha señalado que las escuchas telefónicas han tirado abajo la estrategia de la defensa que «hacía ver que había sido engañado por sus subordinados» ya que han revelado que el antiguo consejero supuestamente «participaba y conocía esa red de contrataciones» fraudulentas.

Por último, el letrado de Podemos en el caso Marea, Alberto Suárez, ha manifestado que en su conclusión final el próximo lunes expondrá que «las escuchas telefónicas y los informes de Hacienda prueban todos los hechos que se imputan» por lo que mantendrá su petición de un total de 158 años de cárcel para los acusados. Estas solicitudes se dividen en 30 años para el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; 33 años para la exdirectora general de Centros, María Jesús Otero; y 33 y medio para la funcionaria Marta Renedo. Además, desde la acusación de Podemos piden 22 años para los directores de las empresas de Igrafo y Almacenes Pumarín; Víctor Manuel Múñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

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