Su presidente teme que el ministerio se meta ahora con el coste efectivo de los servicios. Ignacio García reclama la anulación de la ley de estabilidad presupuestaria
05 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Al presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, no le cabe ninguna duda. «Hay más bombas de Hacienda a punto de explotar en los ayuntamientos», señala. El detonante no va a ser otro que la polémica Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha puesto en el alero la supervivencia de empresas municipales como Emutsa, en Mieres, o Divertia, en Gijón. García Palacios cree que la siguiente polémica será por el coste efectivo de los servicios, que todavía no se está ejecutando pero que forma parte de la normativa. Entiende la alarma que se está generando en este preciso momento, pero recuerda que viene de atrás. Los organismos que aglutinan a las entidades locales se opusieron a su aprobación hace ya cuatro años y hay 3.000 municipios, «de todos los colores políticos y puntos de la geografía», que la tienen recurrida en los tribunales. Incluso dos sentencias, por motivos diferentes, han puesto en tela de juicio la constitucionalidad del articulado.
García Palacios agradece «las precisiones administrativas» que le ha remitido por escrito el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo. La precisión, de que en realidad es una petición de información pero que no subyace ningún interés por liquidar las empresas, le parece «oportuna». Pero el problema no está en la intención de Hacienda sino en el fondo de la propia ley. Aún le parece peor que el ministerio esté rebuscando entre las únicas administraciones públicas que han cumplido el objetivo de déficit, cuando la propia Administración central no alcanzó el resultado que se había marcado. «Que una administración que no cumple trate de manera tan severa a las que sí lo hacen es, cuanto menos, contradictorio», argumenta.
Tampoco el momento de enviar las cartas a los ayuntamientos para agitar el fantasma de las empresas municipales deficitarias le parece el más idóneo, en medio de una gran inestabilidad política, con un gobierno en funciones que aprobó en solitario -o casi- la polémica ley de estabilidad presupuestaria. En realidad, el PP contó con el rechazo de todos los partidos excepto el de Foro Asturias, que votó en el Congreso a favor. Por eso, al presidente de la FACC le resulta curioso que Gijón, gobernado por Foro, sea uno de los primeros afectados.
La única alternativa que ve viable es la paralización y derogación de la ley, ya que está seguro de que comenzará a afectar a otro tipo de servicios públicos no tardando demasiado. Está convencido de que cuando la actividad en las Cortes «se normalice» se comenzará a negociar la retirada de esta normativa. Al menos, eso es lo que espera. Defiende la autonomía municipal, la gestión que se está realizando en los ayuntamientos asturianos -«que son los primeros en rendir cuentas»- y su capacidad de trabajo, pero también sabe que la solución pasa por la política nacional.
La Federación Asturiana de Concejos confía en que la versión ofrecida por Gabino de Lorenzo sea la correcta y que Hacienda ofrezca alternativas viables y negociadas a todos los ayuntamientos, tanto a Gijón y Mieres como a todos los que puedan recibir más notificaciones en el futuro. De momento, las cartas llegaron hace 15 días a los registros municipales y los Gobiernos locales han presentado las correspondientes alegaciones.