Educación solo reserva cinco plazas de las 100 que corresponden a profesores con discapacidad
ASTURIAS
Maestros Capacitados estudia abrir la vía penal por prevaricación administrativa. Personal de Sanidad estudia sumarse a las reivindicaciones
07 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los números son tozudos. La Consejería de Educación sacó este verano un total de 2.800 plazas para cubrir vacantes anuales y comisiones de servicio en colegios e institutos, dentro de la primera convocatoria de interinos. Del total, unas 1.500 eran para Secundaria. Si se hubiera cumplido la reserva de puestos que establece la legislación del Principado para los docentes con discapacidad, tendría que haber contratado a 100. En realidad, solo ha llamado a cinco. De esos cinco, uno ha preferido quedarse en otra especialidad en la que ha entrado por nota y no por cupo. Otros dos también tenían calificación suficiente para trabajar todo el curso en la misma materia en la que se les han aplicado la reserva. Así que, en realidad, solo se ha cumplido la ley con dos. Eso solo en Secundaria. Aún no se ha analizado los números de Infantil y Primaria.
La queja se puede complicar aún más. Educación ha firmado un acuerdo para los docentes con discapacidad que los propios docentes con discapacidad denuncian como ilegal, al no cumplir la reserva del 7% tanto en las plazas fijas que salen en las oposiciones como en la gestión de las bolsas. Tanto es así que van a impugnarlo. La asociación dice que, en el colmo de lo rocambolesco, la consejería ha incumplido su propio acuerdo, el que acaba de rubricar y presentar. Según ese documento, tendría que haber reservado siete vacantes repartidas entre las especialidades de Lengua, Física y Química e Inglés. Solo lo ha hecho con dos. En Inglés, por ejemplo, tendrían que ser dos y no les han otorgado ninguna, por ejemplo.
Estas son las cifras que maneja la asociación de Maestros Capacitados y que ha expuesto en una reunión ante sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, en un cónclave en el que todos los presentes han firmado un acuerdo en el que se comprometen a promover el empleo de los profesionales con discapacidad reconocida en el sector público. Incluso el PP presentará una proposición no de ley en la Junta General del Principado que apoyarán el resto de los grupos parlamentarios presentes en el encuentro, es decir, todos menos el socialista. Tampoco acudieron, pese a estar convocados, representantes de consejerías implicadas: Hacienda, Educación y Servicios y Derechos Sociales.
Datos y ejemplos concretos
El presidente de Maestros Capacitados, Daniel Alonso, ha tirado sobre la mesa un alud de datos que apuntalan sus quejas. El 19% de los trabajados asentados en el Principado tienen reconocida una discapacidad. Es la tercera comunidad con una tasa más alta y la segunda con menor porcentaje de contratación del colectivo. A fecha 31 de diciembre, más de 4.500 estaban desempleados en Asturias. Del sector educativo, tienen datos más concretos. Cada 14 contrataciones, una tiene que ser de reserva, da igual que sea en las plazas de la oposición para acceder a un puesto de funcionario de carrera que en bolsa para aspirar a una interinidad. No se está cumpliendo.
El colectivo tiene una sentencia firme que insta al Gobierno del Principado a acatar una legislación que él mismo aprobó. Es solo una, pero hay otras 12 más a la cola, con recursos pendientes del contencioso. «Si la administración insiste en esta actitud no nos va a quedar más remedio que abrir la vía penal y presentar una denuncia por prevaricación administrativa», insiste Daniel Alonso. El 21 de septiembre concluye el plazo para pedir la ejecución de la sentencia. Ese día, los integrantes de la asociación deberán tomar muchas decisiones. De momento, ya saben que impugnarán el acuerdo de discapacidad que se acaba de firmar. Creen que es ilegal porque solo quiere fijar el cupo para las interinidad que corresponden a vacantes de todo el curso, con jornada completa donde haya 14 o más plazas. «Eso no es lo que dice la ley», argumenta el presidente. «Es en todo el empleo público, da igual que sea fijo o temporal, con jornadas completas o parciales», insiste con vehemencia.
También los sanitarios
La oleada revindicativa se está extendiendo a otros sectores de la administración pública. Maestros Capacitados ya ha recibido llamadas de compañeros del ámbito sanitario que están estudiando sumarse a sus reivindicaciones, porque tampoco en las bolsas que gestiona el Servicio de Salud del Principado (Sespa) se reservan plazas para los profesionales que tienen la discapacidad reconocida. Daniel Alonso advierte al Principado de este problema que en los últimos meses se ha circunscrito a la educación es probable que se extienda como una mancha de aceite.