Llamazares asume que fue «un error» no firmar el pacto de la minería

EFE REDACCIÓN

ASTURIAS

El portavoz de IU en el parlamento asturiano destaca que son una «fuerza política seria» que «si mete la pata» lo hace en solitario

15 sep 2016 . Actualizado a las 17:19 h.

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha asumido que la coalición cometió «un error» al tomar la decisión de no firmar el pacto en defensa de la minería del carbón suscrito el pasado mes de junio por gobiernos autonómicos, partidos políticos, sindicatos y empresas del sector.

Llamazares se ha expresado así durante el pleno de la Cámara asturiana después de que el Gobierno regional respondiera a una interpelación y una pregunta de los grupos parlamentarios de Podemos e IU respecto a la situación general de la minería y, en concreto, a la de la Compañía Astur-Leonesa, que explota la mina de Cerredo.

En sus respuestas, el consejero de Empleo e Industria, Francisco Blanco, había reprochado a ambas formaciones que no suscribiesen dicho documento, al que sí se sumaron PSOE y Ciudadanos, así como la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP.

En su intervención, Blanco había llegado a calificar de «humillación» y de «claudicación» la decisión de IU, inmersa en esas fechas en el debate abierto tras su acuerdo electoral con Podemos de cara a los comicios del 26 de junio.

Llamazares ha replicado al consejero que IU es «una fuerza política seria» que, si «mete la pata», lo hace en solitario y que dicha decisión no fue ninguna «humillación», pero sí un «error» del que no iban a echar la culpa a sus «compañeros» de Podemos.

«Nuestro compromiso con la minería es firme», ha subrayado el portavoz de IU, afirmación que ha sido refrendada y asumida por el consejero de Industria que ha pedido a Llamazares que diera por retirada la palabra «humillación», pero no así la de «claudicación» para no entorpecer el pacto electoral de la coalición con Podemos.

Blanco ha subrayado que dicho acuerdo fue suscrito para reclamar de forma conjunta al Gobierno central que atendiese los reiterados incumplimientos del vigente Plan del Carbón que dificultan la venta de carbón autóctono a las centrales térmicas para generar energía.

«El Principado ha mantenido una reivindicación permanente pero el el engaño y el incumplimiento por parte del Gobierno también ha sido permanente», ha apuntado el consejero tras recordar que no se está cumpliendo el 'hueco térmico' del 7,5 por ciento reservado en el mix de generación energética nacional para el carbón autóctono.

Además, ha subrayado, no se ha fijado ningún incentivo para invertir en la desnitrificación de las centrales térmicas y reducir así sus emisiones contaminantes ni se ha avanza en las negociaciones con la UE para que las empresas rentables que puedan mantener su viabilidad más allá de 2018 -fecha límite para el cierre de las deficitarias- no se vean obligadas a devolver las ayudas.

El consejero ha emplazado a Podemos Asturias a «dar la batalla» por estos criterios en el seno de su partido dado que esta coyuntura general es la que determina las dificultades de supervivencia de la mina de Cerredo por la que se había interesado la formación morada y cuyos trabajadores protagonizaron un encierro la pasada semana en la Junta General, de la que fueron desalojados de madrugada.

Por su parte, el diputado de Podemos Héctor Piernavieja ha justificado la decisión de su partido de no firmar el pacto en defensa de la minería al considerar que supone «la continuidad» de las medidas que han conducido al sector a la actual situación.

Además, Piernavieja ha emplazado al Gobierno a actuar de forma urgente, «como cuando se enviaron medio centenar de antidisturbios a desalojar a los trabajadores de la Junta», para evitar el cierre definitivo de la explotación la Compañía Astur-Leonesa.

La situación de la empresa, ha advertido, es crítica después de que el pasado 25 de agosto la compañía que les provee electricidad cortara el suministro lo que provocará en un plazo muy breve que la explotación quede inservible para el futuro al dejar de funcionar las bombas de achique e inundarse las capas inferiores de la mina.

Tras recordar que a los trabajadores se les adeudan cantidades que van de 3.000 a 8.000 euros, Piernavieja ha señalado que la sociedad que cortó el suministro, Desil, pertenece al empresario Victorino Alonso, anterior dueño de Astur-Leonesa y que mantiene arrendada la explotación de las galerías que se están inundando.

En su réplica, Blanco ha aclarado que la empresa con la que la compañía minera mantiene la deuda por el impago de la electricidad no es Desil sino la comercializadora Engie, que fue la que decidió el corte de energía, una compañía «pequeña y con una deuda considerable» que, tras ser contactada por el Principado, aseguró que no podía asumir seguir manteniendo el suministro