La propuesta del PP recibe el apoyo del resto de grupos pero con la advertencia de que deberá modificarse por «deficiencias»
16 sep 2016 . Actualizado a las 12:39 h.El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy la toma en consideración de la proposición de ley del PP de protección civil y emergencias, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria al haber contado con el respaldo del resto de grupos (Podemos, IU, Foro y Ciudadanos).
El texto fue presentado por los populares en medio de una intensa polémica con Podemos, que había anunciado previamente su intención de tramitar dicha iniciativa tras consensuar su contenido con el comité de empresa del Servicio de Emergencias (SEPA), que viene protagonizando movilizaciones desde hace un año.
Según la formación morada, el grupo popular se limitó a hacerse con una copia del borrador que el comité había trasladado a los grupos parlamentarios y «plagiar» su contenido para adelantarse a Podemos a la hora de presentarlo en la Cámara autonómica.
Por su parte, el PP ha justificado su iniciativa en los sucesivos retrasos del Gobierno regional para tramitar un proyecto de ley al que se había comprometido al inicio de la legislatura y cuya elaboración estaba prevista cuando se aprobó la fusión en el SEPA de las entidades públicas 112 y Bomberos de Asturias.
Según el diputado popular Rafael Alonso, el objetivo es disponer de una normativa que permita dar una respuesta eficaz ante las situaciones de emergencia y no sólo aprobar un texto destinado a un colectivo específico -el de los ayudantes de bomberos que han llevado a cabo las movilizaciones- aunque su aprobación contribuiría, a su juicio, a dar solución a este conflicto.
«No es lógico que haciendo las mismas funciones -ayudantes de bombero y bomberos-conductores- haya categorías distintas», ha apuntado el diputado del PP que ha incidido además en que el texto permitirá reconocer como agente de la autoridad a quienes realicen labores de extinción de incendios, salvamento o protección civil.
Por el contrario, para el diputado socialista Marcos Escandón la iniciativa tiene «deficiencias inasumibles» tanto técnicas como legales que tienen «difícil solución» lo que ha atribuido a la labor de «corta y pega» realizada por el PP a partir de un borrador elaborado por el Gobierno regional en 2014 al que habrían añadido diversos aspectos de la regulación estatal aprobada posteriormente.
«No vamos a ser cómplices del paso de esta ley por esta primera puerta», ha apuntado Escandón tras alertar de que el reconocimiento como autoridad pública a operarios que son personal laboral va en contra del Estatuto Empleado Público y advertir a PP y Podemos, dado su enfrentamiento por adelantarse en tramitar el texto, de que «si dos están siempre de acuerdo en un trabajo, uno de los dos sobra».
Por su parte, la diputada de Podemos Lucía Montejo ha calificado de «lamentable» el comportamiento del PP «sustrayendo el texto a los trabajadores y presentándolo sin su permiso» sin hacer ninguna aportación ni recoger siquiera las reivindicaciones que llevan un año manifestándose ante la sede de la Junta General.
A su juicio, la labor del PP se ha limitado a añadir a lo largo de todo el texto inicial la posibilidad de privatizar el servicio mediante externalizaciones allí donde la propuesta inicial pretendía garantizar el carácter público de la gestión de las emergencias.
Para la diputada de IU Concha Masa, el texto deberá ser corregido durante su tramitación parlamentaria dado que tiene «bastantes deficiencias» además de no incorporar medidas modernizadoras ni los aspectos nuevos exigibles para una Ley de Emergencias.
Según el forista Pedro Leal, la deficiente gestión del SEPA hace necesaria su reorganización por ley en la que el objetivo no sea «ser el primero en proponerla aunque sea plagiando el texto» mientras que la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez ha criticado el retraso del Gobierno en tramitar una iniciativa para la que pedía un amplio consenso «pero ni ha hecho nada ni ha traído nada».
El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por varios miembros del comité de empresa del SEPA cuyo portavoz, Gabriel García, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la tramitación de una ley que, a su juicio, puede resolver el conflicto laboral en el que están inmersos, a la vez que criticado al PSOE por oponerse a un texto «que parte de un borrador del propio Gobierno»