La consejería acumula una cascada de sentencias desfavorables por el plus de productividad, la asignatura de Religión y las docentes con discapacidad. Tiene más casos a la puerta
06 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A la Consejería de Educación le llueven las sentencias. Las de mayor calado, todas en su contra. Sindicatos y docentes han publicitado en los últimos meses fallos judiciales que suponen un varapalo para la política de personal puesta en marcha por la administración, muchas heredadas del equipo anterior de Ana González pero otras por decisiones de su sucesor, Genaro Alonso. La penúltima, de gran calado tanto por el número de beneficiados como por el importe económico que supone, procede de la Unión Europea (UE). Un recurso de ANPE ha conseguido que los tribunales reconozcan el derecho de los interinos a cobrar el plan de evaluación, el nombre que han puesto a la carrera profesional. Casi mil profesionales sin plaza fija tienen que cobrar ese complemento, que suma alrededor de dos millones de euros. Las últimas las acaba de presentar el colectivo de Maestros Capacitados. Cinco sentencias más reconocen que la Administración debe cumplir la legislación y elaborar una lista específica de interinidad de aspirantes con discapacidad. Todas estas se suman a las relacionadas con polémica con la asignatura de Religión y su plantilla o al pago de sexenios.
Hay más en la recámara. FETE-UGT tiene en los juzgados el incumplimiento del acuerdo de itinerancia y el impago de las dietas a los profesores desde el curso pasado. SUATEA defiende casos de excluidos en las oposiciones por errores en el pago de tasas y es posible que otros mal baremados y que aún están en fase administrativa terminen también en los tribunales. ANPE tienen pendientes sentencias de casos individuales de plazas que no salen a concursos de traslados pese a que llevan años ocupadas por interinos,... El listado de afectados y de casuísticas es interminable.
¿Se está judicializando la gestión del personal educativo? A los sindicatos no les cabe ninguna duda. Emma Ramos, de SUATEA, señala que la administración se ha vuelto inflexible de forma paulatina y que así cosas que se podrían arreglar con una simple conversación terminan en el juzgado. FETE-UGT sostiene algo similar, cuando echa la vista atrás y ve la cascada de casos individuales y colectivos que defiende. ANPE reconoce que está siendo difícil razonar con la Administración y que, al final, no queda más remedio que denunciar los atropellos. No ha sido un cambio radical de un día para otro. El proceso ha sido paulatino. Un sindicalista cuenta como chascarrillo que el abogado de su organización ya le ha preguntado qué está pasando para que se esté saturando de esa manera el servicio. «¡Otra más! Me pregunta cuando me ve llegar», comenta.
Las sentencias, una a una
Un auto del 21 de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha reconocido el derecho a los docentes interinos a cobrar el complemento de productividad regulado por un plan de evaluación o, lo que es lo mismo, un plus de la carrera profesional. El tribunal contesta al juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo que lleva un recurso de un interino, representado por el sindicato ANPE, que quedó excluido del cobro precisamente por su condición de temporal. La cuantía que se debate son 206 euros al mes para los profesores de Secundaria y 132 euros para los maestros. El texto cita un acuerdo marco de la UE de 1999. Entre los argumentos esgrime que no existe existe justificación por razones objetivas para reservar el incentivo del plan de evaluación de la función docente únicamente a los profesionales con un contrato indefinido.
Este es el primero de los recursos presentados, pero se calcula que en total son alrededor de un centenar. Además, la sentencia es de aplicación general. De hecho, el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, ha exigido al Principado que acate ya la sentencia y que no se enmarañe en procesos judiciales caros y de complicada situación.
El jugado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo acaba de dictar -el 28 de septiembre- cinco sentencias más favorables a las tesis del colectivo de Maestros Capacitados. Su petición se resume en una única frase, que la Administración asturiana cumpla la ley y reserve plazas para los docentes que con discapacidad, tanto en las oposiciones como en las listas de interinidad. De hecho, estos fallos judiciales lo que reconocen es que Educación debe elaborar y publicar listas específicas de aspirantes con discapacidad a interinidad de cuerpos docentes para el curso ya en marcha. No son las primeras. Los afectados han presentado una cascada de reclamaciones a título individual y no como colectivo. También tienen en marcha multitud de recursos administrativos.
Pese a que la legislación y las sentencias parecen ampararles, la Administración no ha movido ficha. Maestros Capacitados exige a la consejería la reserva de plazas y acumula sentencias que, hasta el momento, se han quedado en papel mojado. Pero no parecen dispuestos a rendirse. Ahora que se han organizado y que está en vigor un acuerdo de discapacidad con el que no están totalmente de acuerdo, prometen una batalla sin cuartel.
Los que tampoco parecen dispuestos a rendirse son los maestros y profesores de Religión. Este colectivo también acumula sentencias favorables y contrarias, por tanto, a la gestión de personal que realiza Educación. Hay dos frentes paralelos. Uno es el que critica el recorte horario en Primaria. ANPE ha ganado una sentencia que obliga a cambiar la actual organización horaria de esta etapa y a darle más peso a Religión. Ese fallo, aplaudido también por el Arzobispado de Oviedo, fue recurrido y está pendiente de ejecución. Otra cosa son los recursos individuales de docentes despedidos o de otros con reducción de jornada que han apelado a los tribunales, uno tras otro han ido ganando tanto en primera instancia, en los juzgados de lo social, como en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ya que la administración ha ido recurriendo siempre. Detrás de las victorias están los servicios jurídicos de ANPE, FEUSO-Asturias.