Una prueba pericial será clave para determinar el futuro judicial de Fernández Villa

PILAR CAMPO OVIEDO

ASTURIAS

El secretario general de SOMA-FIA-UGT, José ángel Fernández Villa, durante su intervención en la XXXII Fiesta Minera.
El secretario general de SOMA-FIA-UGT, José ángel Fernández Villa, durante su intervención en la XXXII Fiesta Minera. J. Casares

La Fiscalía está a la espera de que la Audiencia decida si es pertinente realizar un nuevo examen neurológico, solicitado por la acusación particular y recurrido por la defensa

10 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La evolución del estado neurológico de José Ángel Fernández Villa es una de las principales claves en el proceso judicial que determinará el futuro más inmediato del exlíder del SOMA-UGT y antiguo hombre fuerte del sindicalismo socialista asturiano. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que «se está actualmente a la espera de la decisión que adopte la Audiencia Provincial, para saber si es pertinente practicar una nueva prueba pericial» solicitada por la acusación particular, ejercida por el sindicato minero, y recurrida por la defensa.

Esta prueba pericial es considerada fundamental para conocer si el exsindicalista está en plenas condiciones mentales para poder prestar declaración en la querella interpuesta contra él por el sindicato como presunto autor de un delito de apropiación indebida, del que también está siendo investigado el exgerente de la fundación Infide, Pedro Castillejo.

Un año y medio más de investigación

La Audiencia Provincial tiene pendientes de resolución varios frentes en el denominado como «Caso Villa», ya que además del recurso interpuesto por la defensa contra la decisión de la magistrada-juez Simonet Quelle Coto, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, de autorizar un nuevo examen neurológico al exsindicalista, tiene planteados sendos recursos de las defensas de José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo contra la conversión de la causa en compleja, lo que supondría ampliar el plazo de instrucción a un año y medio más.

La magistrada-juez Simonet Quelle Coto considera que aún no está claro de qué manera puede influir la enfermedad en la capacidad cognitiva de Fernández Villa, por lo que ha autorizado la realización de esta prueba. En caso de que la Audiencia confirme su resolución, Villa se sometería a un nuevo examen que correría a cargo del neurólogo Alfredo Robles, adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela y considerado como uno de los mayores especialistas en España en enfermedades neurológicas degenerativas.

Contradicciones en el estado de salud

La defensa se opone a la realización de un nuevo examen neurológico a Villa, al considerar suficiente la prueba pericial practicada por el equipo de médicos forenses adscritos al juzgado ovetense. La magistrada-juez avala su decisión de autorizar una segunda prueba pericial y respalda a la Fiscalía ante la existencia de «elementos que contradicen el estado de salud del investigado», entre los que enumera la declaración del notario que autorizó el poder otorgado por Villa, la del presidente del SOMA, quien habló con él por teléfono o la declaración del doctor Pascual Gómez, por lo que estima pertinente la prueba interesada.

La magistrada-juez se basa en la importancia de esta prueba pericial consistente en la realización de un nuevo examen neurológico a Villa para declarar compleja la causa. Sin embargo, su tesis es rechazada por la defensa, que ha recurrido la decisión. Al recurso de la defensa de José Ángel Fernández Villa se sumó también el recurso de la defensa de Pedro Castillejo.

Las defensas entendían que se había vulnerado su  derecho a un juicio sin dilaciones así como que el auto que declaraba la causa como compleja había sido comunicado el 14 de junio pasado, ocho días después de cumplirse los seis meses desde que se abrieron las actuaciones, con lo que se habría sobrepasado el plazo que la ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) establece para realizar la instrucción y correspondería el archivo o su transformación en procedimiento abreviado. La magistrada- juez aclaró, sin embargo, que el auto se dictó el 31 de mayo, una semana antes de finalizado el plazo y puntualizó que  la LEC establece que la Fiscalía o la acusación particular son las que deben instar la declaración de causa compleja antes de agotarse los seis meses y ese plazo no cuenta para el dictado de la resolución; circunstancias que han concurrido en este caso.

Para los letrados que ejercen la acusación particular en representación del sindicato, los recursos de las defensas carecen de fundamento al entender que la declaración de complejidad se dictó dentro de los plazos legales.

La amnistía fiscal y los partes médicos

El exlíder sindical del SOMA-UGT fue uno de los políticos con más influencia en la región y  hombre fuerte del sindicalismo socialista durante varias décadas. Sin embargo, el año 2014 fue el punto de inflexión. Su adhesión a la amnistía fiscal del gobierno de Mariano Rajoy, donde regularizó 1,4 millones de euros, destapó una fortuna económica hasta entonces inimaginable en un líder que protagonizaba huelgas mineras.

Villa justificó su abultado patrimonio en una herencia familiar, pero ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía dieron crédito a sus explicaciones y se abrió una investigación judicial que, hoy en día, tiene varios frentes abiertos. Expulsado del PSOE y del SOMA, la nueva directiva del sindicato minero le ha llevado también a los tribunales de justicia asturianos.

Recientemente, la revista Interviú aseguraba que la empresa Hunosa presuntamente podría haber falsificado los partes médicos para facilitar la concesión de una pensión por invalidez que Villa lleva cobrando desde hace más de 20 años y que ronda los 2.500 euros mensuales. El empresario y escritor, José Ramón Gómez Fouz, ha recopilado información que, según la revista, demuestra que las pruebas aportadas para acreditar su invalidez son supuestamente falsas. Interviú sostiene que tiene en su poder documentación que acreditaría que Hunosa «fabricó» hasta tres versiones diferentes del informe.

El primer parte de trabajo, según la versión de Interviú, firmado el 11 de octubre de 1995 por el jefe de personal del Pozo Candín, señala que Villa sufrió una «recidiva» (recaída o repetición) de un «accidente» que sufrió en la fiesta minera de Rodiezmo del año anterior cuando «se desprendió una caja de sidra de un camión, golpeándole en la cabeza».

En el segundo parte, emitido dos días después, desaparece la mención a la fiesta minera. El parte de Hunosa indica que el líder minero sufrió esa recaída del viejo accidente mientras trabajaba en el Pozo Candín: «al levantar una mamposta sintió un dolor en la espalda», especifica.

La tercera versión del accidente, que finalmente se entregó como válida y sirvió para que al líder sindical minero se le otorgara la pensión máxima de invalidez, señala que «resbaló por una escalera y cayó, flexionando y rotando la columna, golpeándose contra la propia escalera».

Las supuestas actuaciones irregulares ya habían sido denunciadas por la revista Atlántica XXII y ni en el momento de la publicación de las informaciones por parte de esta revista, ni tras la publicación de las recientes noticias difundidas por Interviú, han sido aclaradas las sospechas sobre la veracidad de los informes emitidos para la declaración de la invalidez de José Ángel Fernández Villa.