La Fiscalía detecta un incremento del 150% en las diligencias de investigación de delitos de distribución y tenencia de material pornográfico infantil en el Principado
02 nov 2016 . Actualizado a las 10:05 h.La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha detectado un importante repunte de las diligencias relativas a la distribución y tenencia de material pornográfico infantil en el Principado. De los seis casos que fueron investigados en año 2014 se ha pasado a las 15 causas con que se cerró el balance del año 2015; lo que representa un incremento del 150%. Unas cifras que rompen la tendencia a la baja que se había registrado hace dos años cuando se experimentó un brusco descenso en el número de diligencias tramitadas y que se convirtió en un punto de inflexión, ya que en los dos años anteriores se habían tramitado 18 casos (año 2012) y 20 diligencias (año 2013).
El fiscal delegado de Delitos Informáticos, Alberto Rodríguez Fernández, ya puso de manifiesto este incremento en las causas en la memoria de actividades de la Fiscalía durante el año 2015, así como la relevancia que ha adquirido la colaboración internacional a la hora de destapar y desarticular estas actuaciones delictivas.
En la mayoría de las situaciones, los investigados responden a un mismo perfil: son hombres que engañan a sus potenciales víctimas, simulando ser menores de edad como ellas, con las que contactan a través de redes sociales y a las que piden que les envíen fotografías o vídeos desnudas o en poses eróticas o pornográficas aduciendo que son para su uso particular. En algunas ocasiones, incluso les dicen que están enamoradas de ellas. Cuando sus víctimas son reacias a remitir más fotografías o vídeos, incluso las obligan bajo amenazas de distribuirlas en sus círculos más cercanos o a través de aplicaciones de teléfonos móviles. Posteriormente y sin conocimiento previo de las víctimas contactan con otros «ciberdepredadores» sexuales como ellos e intercambian sus archivos pedófilos en internet.
Procedimientos investigados
Entre los procedimientos investigados por la Fiscalía de Delitos Informáticos figuran unas diligencias previas del año 2015, procedentes del Juzgado de Instrucción número 3 de Langreo, en los que al imputado se le ocuparon archivos de contenido pornográfico infantil, 25.169 fotografías y 2.203 vídeos. El investigado utilizaba la red «Tor» para compartir el material pornográfico y el fiscal resalta el carácter «especialmente degradante de los contenidos pornográficos». El acusado ingresó en prisión provisional y se formuló acusación contra él.
El fiscal considera «muy relevante» la colaboración internacional para destapar este caso, puesto que la investigación se inició a raíz de una comunicación de la Europol.
Igualmente la Fiscalía Superior del Principado formuló acusación por un delito de producción y distribución de pornografía infantil y de abusos sexuales en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Laviana contra un investigado, que se saldó con una sentencia condenatoria. Este caso presenta la particularidad de que el acusado se ganó presuntamente la confianza de menores de 12 años del círculo de relaciones de su hijo. Según consta en la memoria de actividades de la Fiscalía del año 2015, el investigado obtuvo de esta forma fotografías y vídeos de contenido sexual que compartió por internet.
La colaboración de Europol
Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha abierto diligencias por distribución de pornografía infantil contra un imputado al que se le intervinieron archivos de contenido pornográfico infantil en el ordenador y en el teléfono móvil.
El fiscal delegado de Delitos Informáticos, Alberto Rodríguez, resalta la relevancia de la colaboración internacional también en este caso. La investigación se inició a raíz de una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Madrid, en la que aportaba información sobre la existencia de conexiones en España desde las que se estaría distribuyendo material de pornografía infantil a través de internet. La información recibida procedía a su vez de una denuncia formulada por el NCMEC (siglas en inglés del Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos), una ONG que en EEUU se encarga de recibir y canalizar las denuncias ciudadanas y de los diferentes proveedores de servicios de internet.
El próximo juicio, el 15 de noviembre en Oviedo
El próximo día 15 de noviembre se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo un hombre, de 30 años, que tenía instalada desde el 23 de febrero del año 2011 la aplicación Skype en su ordenador de sobremesa siendo su nombre de usuario «gigiboby» y «gigibobes10», desde la que en todo este tiempo ha procedido a descargar fotografías de menores desnudas y en poses sexuales que luego compartía con otros usuarios.
Ante las sospechas de que en sus ordenadores pudiera haber material de pornografía infantil, a través de un auto judicial fechado el 9 de diciembre del año 2014 del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, se acordó la entrada y registro en el domicilio que ocupa con sus padres y hermano, ubicado en Oviedo. Esta diligencia se practicó el 17 de diciembre de 2014, encontrándose en la habitación que el acusado comparte con su hermano un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil usado por él y otro ordenador estropeado del que se extrajo el disco duro.
En el ordenador de sobremesa, dentro de la carpeta «gigibobes10» se encontraron varias fotografías de menores en poses sexuales. Examinado el ordenador portátil se observó que desde el mismo el acusado había realizado la búsqueda «hussyfan» a través de Google, término utilizado habitualmente para realizar búsquedas de pornografía infantil y había participado en chats de adultos tales como «chaturbate», según consta en el escrito de calificación provisional del fiscal.
Para la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, el acusado incurrió presuntamente en un delito de distribución y tenencia de material pornográfico, previsto y penado en el artículo 189.1B del Código Penal. El representante de la acusación pública solicita para el acusado una pena de dos años de prisión así como el comiso de los ordenadores intervenidos en la operación policial que condujo a su detención.