El Principado dispondrá a comienzos de 2017 de los estudios encargados para analizar la evolución de la prestación en los últimos diez años
03 nov 2016 . Actualizado a las 12:58 h.El Gobierno regional dispondrá a comienzo de 2017 de los estudios encargados para evaluar la evolución del salario social diez años después de la puesta en marcha de una prestación que requerirá en 2016 de unos 109 millones de euros, una cifra que, según el PP, amenaza con llevar a Asturias al «colapso».
Dicha cantidad, superior en más de 25 millones de euros a la presupuestada para este año, permitirá atender al pago de la prestación a las casi 20.000 personas que tienen reconocido este derecho, unas 2.500 más que hace un año, y que perciben 423 euros mensuales. El debate en torno al salario social se ha producido en el pleno de la Junta General del Principado donde el PP y Podemos han preguntado a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Valera, que ha admitido que, una década después de su aprobación, «ya tocaba hacer una evaluación en profundidad» sobre el mismo.
Para el diputado del PP Matías Rodríguez Feito, el Gobierno recurre a «reiteradas mentiras» para ocultar los problemas derivados de su «nefasta» gestión «y se limita a pedir más dinero» para limitarse a pagar las ayudas económicas sin contribuir a la verdadera reinserción social de los perceptores. «Ese no es el camino, pagar sin más no es la solución sino mas bien todo lo contrario. Seguir este camino le va a llevar al atasco y a colapsar el sistema», ha advertido el parlamentario popular.
A su juicio, resulta urgente intensificar los programas personalizados y conocer cuántos perceptores han encontrado empleo, una circunstancia que se ve dificultada además por el hecho de que en muchos casos renuncian a contratos temporales dado que, cuando expiran, tardan más de un año en volver a cobrar el salario social. «El salario social es una herramienta de inclusión y no sólo de protección, debe ser algo más que percibir dinero», ha añadido antes de recordar que el PP apoyó el presupuesto de 2015, ahora prorrogado, que permite pagar dicha prestación, «cosa que no hicieron otros con los que ahora tontean».
La consejera ha asegurado que todas las medidas previstas en la ley se están aplicando y que todos los perceptores firman los programas personalizados de incorporación social salvo en el caso de los que están exonerados por edad, dependencia, enfermedad o por percibir una pensión no contributiva, el 25% del total.
Según Valera, no es «ninguna casualidad» que se incremente el coste del salario social ni del número de solicitantes dado que la crisis y las políticas del Gobierno central han conllevado una reducción de la prestaciones por desempleo, situación que también se produce en comunidades como el País Vasco o Cantabria. No obstante, en su respuesta a la diputada de Podemos Rosa Espiño, la consejera ha considerado necesario disponer de estudios que permitan evaluar la evolución del salario social para buscar una mayor coordinación con las políticas activas de empleo.
Según Valera, es cierto que las políticas sociales «no están consiguiendo paliar la situación de desigualdad», pero las iniciativas adoptadas en Asturias «ayudan a mejorarla» y si se comparan con el resto de España los datos favorecen al Principado gracias a su «esfuerzo» al poner en marcha el salario social.
Por su parte, Espiño ha dicho que la evaluación anunciada por la consejera «debe producir cambios reales» en la gestión de dicha prestación dado que las víctimas de la crisis «continúan aumentando de forma desenfrenada» y Asturias cuenta con 6.000 personas más en riesgo de exclusión que hace un año lo que constata que las políticas sociales no funcionan bien y no resuelven las situaciones de vulnerabilidad.