Un estudio revela que Asturias es una de las comunidades con más sentencias condenatorias. Alerta de que las bajas indemnizaciones empujan a las aseguradoras a eternizar los pleitos
11 nov 2016 . Actualizado a las 12:00 h.Si los errores o retrasos en los diagnósticos, que causan incluso la muerte, no fuesen suficiente, las batallas en los tribunales para exigir responsabilidades se eternizan y reducen las indemnizaciones a mínimos. La Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense acaba de publicar un estudio en el que analiza las sentencias condenatorias dictadas por la pérdida de oportunidad asistencial, un concepto introducido en las jurisprudencia desde hace algo más de una década, en los hospitales públicos. El trabajo se centra en el cáncer y sus conclusiones son poco esperanzadoras. Asturias es una de las comunidades que salen peor paradas, tanto por el volumen total de casos como por su proporción en función de camas disponibles en los complejos sanitarios. Pero, en general, en España, el número de fallos judiciales que dan la razón a los pacientes está creciendo exponencialmente. El problema es que esas victorias no llevan aparejadas unas cuantías económicas acordes a lo sucedido. Concluye que existe una falta de criterio entre los jueces que, en muchas ocasiones, aprovechan las aseguradoras para no llegar a acuerdos, alargar los procesos y así pagar menos.
Lo explica con claridad Carlos Sardinero, primer autor de este trabajo de investigación que se detallará en nuevos artículos. Sardinero precisa que en el caso de los enfermos oncológicos es difícil determinar qué habría pasado si se hubiese tratado a tiempo. Existe una relación de causalidad pero no de certeza y eso determina que los tribunales calculen la indemnización, incluso en casos de fallecimiento, a mano alzada y no con otros sistemas basados en baremos, tal y como sí ocurre con otras patologías. Si un médico no solicita una biopsia de un nódulo de características malignas para confirmar o descartar, posteriormente se confirma que era maligno y el paciente fallece, nunca se sabrá qué habría sucedido de haberse hecho de forma correcta. Este ejemplo práctico demuestra el callejón sin salida que el estudio ha encontrado.
Las cifras dan una idea de la magnitud del problema. El concepto de pérdida de oportunidad asistencial está en vigor desde 2002 pero las primeras sentencias no comenzaron a producirse hasta 2004. En la primera década, se emitieron 522 fallos judiciales condenatorios contra la sanidad pública. De esos 137 pertenecían a la rama oncológica y fueron tomados como base para la investigación de Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Doce casos ocurrieron dentro de la sanidad pública asturiana. Sardinero señala que la cifra resulta alta en números absolutos, ya que es superior a comunidades con mucha más población como Andalucía, Galicia o Cataluña. Pero también en función del número de camas habilitadas en los hospitales, que es el índice de proporcionalidad que han utilizado los firmantes del artículo. En ese caso, se sitúa en la mitad de un ránking de comunidades. «El Principado es uno de los protagonistas de este trabajo», reconoce Sardinero.
Sus conclusiones no son demasiado optimistas. «Los pacientes oncológicos son los peor tratados judicialmente en cuanto a indemnizaciones, porque ven reducidas las cuantías solo por ser pacientes oncológicos», lamenta, tras hacer públicas las conclusiones. Solo espera que este resultado sirva para concienciar tanto a la ciencia como a los órganos judiciales de lo que está sucediendo. Precisa que las indemnizaciones son muy inferiores a los 100.000 euros, muy por debajo de baremos, y que en esos 137 expedientes ha habido fallecimientos de pacientes que habían sufrido errores de diagnóstico que se saldaron con 12.000 y 18.000 euros.
Otro dato para la reflexión es la proliferación de denuncias, siempre dentro de la oncología. Carlos Sardinero afirma que en los últimos años ha crecido un 170%. Los procesos se alargan porque las aseguradoras se niegan a llegar a acuerdos porque han descubierto que es más beneficioso pleitear, ya que los jueces marcan cuantías inferiores a las que ellos estaban abonando extrajudicialmente. «Me han tratado mal en la medicina y mal en los tribunales, pueden concluir», reconoce este investigador. Espera que las Administraciones también tomen nota del sufrimiento que se está generando porque, recuerda, que los 137 casos analizados corresponden íntegramente a la sanidad pública.