Los afectados por las facturas del ERA amenazan con acciones legales contra el Principado

La Asociación Plataforma de Afectados del ERA, un día después de que la Junta del Principado aprobara una ley que paraliza el cobro de las facturas de entre 2.000 y 100.000 euros que les reclama el Principado, ha decidido pedir la nulidad de los recibos en base a que Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) no informó debidamente a los usuarios de cuál era el coste del servicio. Para ello, se redactará una petición formal al ERA en la que se solicitara que deje sin efecto cualquier reclamación. «Es cierto que los contratos hacen alusión a que el usuario va a abonar el precio público, pero ninguno lo especifica ni tampoco se informaba de la deuda que se iba acumulando. Toda la actuación del ERA inducía a error», aseguró el letrado que se encargará de llevar esta petición a los tribunales en caso de que la Administración la desestime o guarde silencio al respecto.

En caso de que esa petición efectivamente sea desestimada, se interpondrá un recurso que, si es rechazado de nuevo, abriría la vía contencioso-administrativa. El asunto, con silencios administrativos de por medio, podría prolongarse durante un año. «Con esta solicitud buscamos el reconocimiento del engaño del ERA a los usuarios», explicó el letrado al centenar de afectados que ayer asistían a la asamblea que se celebraba en Gijón, en la que la directiva de la plataforma volvió a ser secundada por un año más por unanimidad de los presentes. «No hace falta ser abogado para entender que nos han engañado», llegó a decir el letrado, que explicó que no va a percibir ningún ingreso por representar a la plataforma porque su motivación para hacerlo es que se trata de una «reivindicación justa». Además, expuso que incluso el Tribunal Supremo tiene declarado que la Administración debe hacer llegar la información que afecta al ciudadano: «En este caso, el precio público era genérico y no se corresponde con el del usuario, pero la valoración no se hacía nunca».

«No podemos quedar arruinados por la mala gestión»

El presidente de la plataforma, Ángel Rodríguez, también se refirió a la ley que, como continuación de una moción ya aprobada en marzo, debería entrar en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). «En cuanto salga publicada, si no la cumplen emprenderemos acciones legales por incumplimiento de leyes si los socios lo aprueban». La plataforma, de momento, tiene alrededor de 300 socios de los más de 4.000 afectados que se calcula que han recibido reclamaciones por presuntas deudas con el ERA.

También dijo que no le consta que se haya paralizado ningún proceso de cobro de las facturas emitidas, en referencia a que el Principado se había comprometido a revisar caso por caso para que todas las personas afectadas, vivas o fallecidas, resultaran realmente beneficiadas por la Ley de Dependencia.

Rodríguez también instó a los presentes a ser más participativos y a implicarse en las acciones que aún quedan por delante. «Esto es una maratón de 42 kilómetros y vamos por el kilómetro 10, para que os hagáis una idea. Sed participativos e implicaos porque nos toca de lleno. No podemos quedar arruinados por la mala gestión de los servicios públicos».

José Luis Alonso, también de la directiva, también recordó que de los 16 casos de afectados que han llevado el asunto a los tribunales, solo cuatro han tenido sentencias favorables: «Interpreto que es por ir por libre, si se lleva con la plataforma igual cambia la cosa». Todos agradecieron además a la diputada de Podemos Rosa Espiño que «se esté partiendo la cara» para llevar su caso hasta la Junta del Principado, en donde anteayer se aprobaba esa ley que recoge las reivindicaciones de los afectados por el ERA con los votos a favor de la formación morada, el PP e Izquierda Unida y los votos en contra del PSOE, Foro y Ciudadanos.

«Sería insólito que la ley no llegara a cumplirse»

Espiño insistió en que «sería insólito que la ley no llegara a cumplirse» y que, en todo caso, existen mecanismos jurídicos para hacerla valer. La ley obliga a suspender el cobro de deudas que siguen pagando parte de los afectados y a revisar de forma inmediata todos los casos. «Ese sería su primer efecto para que la Administración revise todos los expedientes y se haga un ajuste de cuentas caso por caso», indicó Espiño, que recordó que no existe un cálculo conjunto para saber cuánto se ha cobrado de más, aunque en su momento se hablara de 91 millones de euros.

La ley, además, tiene efecto retroactivo, con lo que los afectados que ya hubieran pagado las reclamaciones del ERA podrían verse beneficiados e incluso quienes hubieran renunciado a herencias por esta causa. «No aplicar el copado de la dependencia fue un error garrafal y, cuando has cometido un error, no puedes tener encima la desfachatez de reclamar encima con intereses», dijo Espiño, que también recordó que la ley incluye la obligación de informar y la dotación de recursos para que las revisiones de los expedientes se realicen de forma ágil: «El germen de toda esta estafa fue la falta del deber de información a las personas con las cuentas claras».

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