Los afectados relatan que en algunos casos siguen pagando porque se les amenazó con embargos
05 nov 2016 . Actualizado a las 19:15 h.La madre de Ángela Vaquero estaba ingresada en la residencia Clara Ferrer cuando en 2007 le concedieron ser beneficiaria de la Ley de Dependencia en grado máximo. Estaba en silla de ruedas porque tenía la mitad de su cuerpo paralizada tras haber sufrido tres derrames cerebrales. «Hasta entonces pagaba el total pero, a partir de 2008, cuando entró en vigor la ley, pasó a pagar el 75% de su pensión, que era de 680 euros, y, el resto hasta los 1.400 euros de la plaza de gran dependiente, según los trabajadores de la residencia, se cubría con el dinero que daba la ley», explica Vaquero. En 2011, cuando entró el vigor el decreto del copago en Asturias, «no le explicaron nada e hicieron lo que debe ser más fácil para el Principado que es que renunciaba a esa ayuda».
La mujer falleció en 2013 y, en 2015, dos años después de su muerte, la Administración notificó a sus familiares que debían unos 60.000 euros. «Sabíamos que a partir de 2011 dejábamos a deber la diferencia, pero entre 2008 y 2011, el ERA sí cobró la diferencia que restaba para cubrir el precio de la plaza que ocupaba mi madre», asegura, «si ella firmó que renunciaba a la ayuda por alguna causa no lo sabemos y, cuando quisimos arreglar los papeles de la herencia, no conseguimos que nos mandaran el extracto de cuánto debíamos». Vaquero explica que, de momento, no han pagado nada.
«Nos obligaron a pagar bajo la amenaza de embargo»
A ella nadie le dijo que si no lo hacía se le embargaría. A Maripaz González sí. «Nos obligaron a pagar bajo la amenaza de embargo. Dimos casi 10.000 euros de entrada y ahora estamos pagando el resto a plazos, 250 al mes». La afectada era su madre, que falleció a los tres meses de entrar en vigor el copago, y explica que recientemente ha enviado una carta a la Administración para paralizar el pago de la presunta deuda con una negativa por respuesta.
«Me dijeron que me iban a meter en el BOPA y a embargar si no pagaba»
A Constantino Garcia, cuya madre falleció en 2009, le llegaron a decir cuando fue a saldar cuentas que no se preocupase porque el saldo era positivo: el ERA le debía a su madre unos 13 euros: «Me dijeron que no me preocupara, que incluso el ERA le debía unos 13 euros a mi madre. Les dije que lo dejaran como estaba». A los cinco años de que muriera su madre, y después de haber estado fuera de España un tiempo, le llamaron del ERA (se acuerda incluso del nombre de la persona) para decirle que debía 9.000 euros. «Me dijeron que me iban a meter en el BOPA y a embargar si no pagaba los 9.000 euros que debía. De la noche a la mañana, me encontré con una deuda de 14.000 euros». Intereses de demora incluidos. Paga 50 euros al mes y, cuando recibe la paga extra de su pensión, 100 euros.
«Que pagues sin saber lo que estás pagando no tiene un pase»
La tía de Nel Riesgo, que fue director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, falleció en 2008. Cuatro años después, la Administración reclamó a los «herederos desconocidos» de la mujer 25.000 euros. Los herederos eran Riesgo y dos primas suyas, que al fallecer su tía pagaron el impuesto de sucesiones, y que se enteraron en 2015 de que les estaban reclamando esa cantidad. «Nos alarmó y, cuando fuimos a los servicios tributarios del Principado, nos dijeron ‘¡ah, son ustedes!’ cuando ya debían saber que éramos nosotros porque habíamos pagado el impuesto de sucesiones».
La presunta deuda tenía, además, intereses de demora que la dejaron en 34.000 euros. Ese caso es muy complicado de entender, puesto que la tutela de la tía de Riesgo la tenia el Principado, que era quien administraba sus propiedades y que, durante el proceso del pago del impuesto de sucesiones, no dijo que hubiera deuda alguna. En todo caso, como también «nos amenazaron con el embargo», se acabó pagando. Las dos primas de Riesgo son personas mayores, pensionistas y una de ellas tuvo que sacar un crédito para hacer frente a los 11.000 euros que le correspondían. «El desasosiego y la sensación de indefensión que tienen es tremenda», asegura, «que se esté actuando con esta desfachatez?».
Riesgo quiso saber cuáles eran los conceptos de la supuesta deuda y fue a ver el expediente con su abogado. «En la notificación se habla de un anexo, en el que figuran detalladas las cantidades, que ha desaparecido». Ha presentado varios escritos, el último hace diez días, reclamándolo: «Que pagues sin saber lo que estás pagando no tiene un pase».
Cada caso tiene una casuística diferente
Estos son solo cuatro casos de los más de 4.000 afectados por las presuntas deudas que les reclaman desde los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Todos tienen en común haber recibido facturas de entre 2.000 y 100.000 euros, pero en cada caso la casuística es diferente. Si algo quedaba ayer patente, en la asamblea que celebraba la Plataforma de Afectados del ERA en Gijón, es que no hay nada resuelto en un proceso completamente kafkiano para quienes lo están padeciendo, que están deseosos de que alguien les explique una situación muy difícil de entender desde cualquier perspectiva y más cuando enfrente tienen a una Administración que debería proteger a sus dependientes.
En un caso llegó a plantearse un desahucio que no fue ejecutado
«¿Por qué pagamos los que decidimos hacerlo? Porque nos dijeron que nos podían embargar los bienes», dice una de las afectadas. Hasta el momento solo había trascendido el caso de una persona que se negó a pagar pese a esa amenaza de embargo. Su expediente fue remitido a la Agencia Tributaria, pero la orden de ejecución de desahucio de su vivienda no llegó a llevarse a cabo. Otros afectados directamente renunciaron a la herencia de sus familiares fallecidos al verse abrumados con las abultadas deudas.
«Me amenazaron con embargar, fui a juicio y lo perdí»
«En mi caso pagamos sin que mi madre tuviera nada en propiedad porque amenazaron con embargar los bienes de sus hijos», asegura otra afectada. «A mí también me amenazaron con embargar, fui a juicio y lo perdí en el contencioso», añade otra más. De los 16 juicios que se han celebrado, solo cuatro fueron favorables para los afectados.
«Mi hermano tiene deuda y está vivo»
El 88% de los casos son de personas que ya han fallecido, en su mayoría antes de 2011, pero los dependientes vivos también están generando deudas ahora: «Mi hermano, que tiene reconocida la dependencia desde 2007, tiene deuda y está vivo. Tendría que pagar el máximo, 1.439 euros al mes, cuando el Principado recibió este mismo año una transferencia de más de 77 millones de euros de transferencias». La dependencia en Asturias cuesta 180 millones de euros al año. «Mi hermano no recibió de ayuda ni un solo euro. ¿Dónde está ese dinero?».