Ocho comunidades presentan al ministerio un documento en el que exigen paralizar las reválidas y mantener la PAU mientras se negocia un pacto educativo
09 nov 2016 . Actualizado a las 14:39 h.Asturias y las comunidades antiLomce han montado un nuevo frente. Esta vez el objetivo es paralizar las reválidas de forma oficial. El director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana, junto con representantes de las consejerías de Educación de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla La-Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura, ha presentado en la comisión central del Ministerio de Educación una propuesta para paralizar las pruebas y así dar respuesta a la incertidumbre generada entre los alumnos, las familias y también los docentes. El documento entregado reclama detener el calendario de aplicación de la ley y suspender todas las reválidas de finales de etapa. Esto supone acabar con las de Secundaria y Bachillerato, que tendrían que entrar en vigor este curso, y también con la de Primaria, que ya lo hizo en mayo. La alternativa para los estudiantes que quieren continuar con sus estudios en la Universidad es mantener la PAU un año más. Este tiempo serviría para abrir un debate que desembocaría en un pacto de estado por la educación, del que formarían parte las autonomías y todas las partes implicadas.
Los representantes de las ocho comunidades que conforman este frente se reunieron el miércoles en Madrid para expresar «su rotundo rechazo a las evaluaciones externas» y para alertar sobre «la permanente improvisación y falta de diálogo del Ministerio de Educación», al que solicitaron la convocatoria urgente de una conferencia sectorial. Asturias y el resto de autonomías implicadas consideran que su propuesta es la única que ofrece «garantías y seguridad a los alumnos que cursan actualmente segundo de Bachillerato para que puedan acceder a la Universidad». Así lo expusieron al entregar el documento en una mesa técnica de trabajo de la Conferencia Sectorial de Educación. A continuación, abandonaron la sesión al considerar que no tenían ningún sentido.
No es el primer paso del Principado contra las reválidas. El Gobierno asturiano acordó el pasado 19 de octubre interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Su intención ya era paralizar su aplicación. Utiliza, entre otros argumentos, criterios pedagógicos.
No obstante, para no generar más incertidumbre a las familias, y a la espera de que se pronuncien los tribunales, el Ejecutivo regional ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Oviedo para organizar conjuntamente este curso la evaluación final de Bachillerato. La institución académica se encargará de elaborar las pruebas con la colaboración de docentes de Secundaria.