El exsecretario general del SOMA se ha sometido al examen neurológico en su propio domicilio. El juzgado confirma que la familia «colaboró en todo momento»
11 nov 2016 . Actualizado a las 13:45 h.El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha dictado una providencia por la incomparecencia del exsecretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, el pasado viernes para someterse a un nuevo examen neurológico en la que le advierte de que, de reiterarse, podría incurrir en un delito de desobediencia y obstrucción a la justicia si persiste en este tipo de conductas. Fernández Villa no compareció el pasado viernes, 4 de noviembre, ante el Juzgado de Instrucción Número 2, para confirmar su deterioro cognitivo, dentro de la querella presentada por el sindicato por apropiación indebida, al alegar su defensa que la petición no le fue comunicada de forma personal sino únicamente a través de su procurador. En la nueva providencia comunicada a las partes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la magistrada no estima las alegaciones de la defensa para dicha incomparecencia ni las considera causa de justificación. De hecho, las relaciona con una reiterada voluntad de la parte «de dilatar la instrucción».
No obstante, la situación ha dado un giro después de que esta misma mañana Villa aceptara pasar en su domicilio el mismo examen neurológico al que no acudió el pasado 4 de noviembre. Según informa el TSJA, la familia «colaboró en todo momento» con la comisión judicial que se desplazó a la vivienda y la prueba pudo realizarse «con normalidad». La providencia dictada con anterioridad advertía de que la posible interposición de recursos no era causar para suspenderla y amenazaba con el apercibimiento a las partes de que si obstaculizaba el examen médico, ya que se podría incurrir en un delito de desobediencia y obstrucción a la justicia.
Aviso a la defensa
Concretamente, en lo que respecta a la ausencia de citación personal, que era una de las alegaciones presentadas por la representación legal del exsindicalista para no acudir, en la providencia se considera que su fundamentación «carece de respaldo legal alguno», porque no se estima que se estuviera «ante la citación relativa a un acto personalísimo que implicara dicha citación personal al amparo del artículo 182 de la Lecrim». Asimismo, la magistrada explica que dicha petición choca con la posición defendida reiteradamente por la parte, de que su defendido «carece de capacidad física y psíquica para prestar declaración». Aclara, además, que no procede deducir en este momento testimonio frente al investigado por un presunto delito de desobediencia, pues sólo ha incomparecido injustificadamente una vez y no dos, que es lo que exige la jurisprudencia, pero se advierte de las resoluciones judiciales que se pueden adoptar en el caso de persistencia de este tipo de conductas.
La Audiencia Provincial confirmó la ampliación de la querella por un presunto delito de apropiación indebida presentada por el SOMA-UGT contra Fernández Villa y exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo. Tras desestimar los recursos de ambos, también confirmó la declaración de causa compleja, lo que permitirá ampliar en el tiempo la investigación. De esta manera, se confirmaron sendas resoluciones del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo sobre declaración de complejidad de la causa y sobre ampliación de la querella.
Antecedentes
La organización sindical presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, que ahora se amplían hasta 420.000 euros, en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa. En el caso del ex secretario de Infide, la querella presentada por el SOMA-UGT reclama la devolución de más de 70.000 euros.
Fernández Villa también es objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación al origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.