El Principado corregirá el «error» en las deudas del ERA y devolverá dinero a los afectados

La consejera Pilar Varela reconoce que recalcularán el coste de las plazas residenciales de los 3.376 afectados y les aplicarán la ley de dependencia

La Voz
Oviedo

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha anunciado que la administración asturiana corregirá el «error» de no haber aplicado la Ley de Dependencia a aquellas personas que fueron reconocidas como dependientes entre los años 2007 y 2011 y a los que se le aplicó el contrato íntegro de hospedaje del ERA. Esto supone que revisarán los expedientes de 3.376 personas y que volverá a recalcular el coste de su plaza residencial teniendo en cuenta el copago de la dependencia. Una vez visto el saldo, actuará en consecuencia. Las familias que están pagando esta deuda de sus parientes ya fallecidos recuperarán esas cantidades si finalmente la cuantía de la ayuda era suficiente.

Varela ha comparecido en Comisión de la Junta General para explicar un decreto relativo a las liquidaciones de deudas por los usuarios del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). La consejera ha explicado que dictará un nuevo decreto, que está sometido a estudio e información técnica correspondiente y que cuenta con la «garantía jurídica» del informe del Consejo Consultivo. «Creo que teníamos un error por no haberles aplicado la Ley de Dependencia y haber manteniendo un contrato de hospedaje», ha precisado la consejera. Ha apuntado que a las personas que ya estaban reconocidas como dependientes entre los años 2007 y 2001 se les aplicará ahora el copago y se les descontará de la cantidad íntegra que pagaban. El nuevo decreto evitará esta «disfuncionalidad» que ha afectado a 3.376 personas.

Esto supone, según ha explicado, que a todas las personas con dependencia reconocida cuando entró en vigor la Ley se les aplicará el principio de participación según su renta y patrimonio y que se les devolverá las cantidades dadas en exceso con carácter retroactivo, según la moción aprobada por unanimidad en la Junta General en el pasado mes de marzo. No obstante, el pleno de la Junta aprobó el pasado 4 de noviembre, con el voto a favor de PP e IU, la proposición de ley de Podemos para suspender las liquidaciones de las deudas que el ERA venía reclamando a los herederos de ancianos fallecidos en estos establecimientos, una normativa que el Gobierno ve «inaplicable».

El problema se generó al no aplicarse durante cuatro años a los usuarios del ERA reconocidos como dependientes el copago previsto en la ley de Dependencia, que no se reguló hasta 2011 y que reduce los pagos a efectuar por los usuarios frente al abono del precio público en las residencias lo que llevó a enviar miles de liquidaciones a familiares de fallecidos que desconocían esa deuda. Varela ha subrayado que ahora con el informe del Consejo Consultivo del pasado 31 de octubre la Consejería tiene la «garantía» de cómo actuar para modificar el decreto.

La primera revisión de expedientes ya ha tenido lugar. De los 3.376 personas que tenían las dependencia reconocida pero pagaban la plaza íntegra entre 2007 y 2011, 586 están vivas y se resolverá directamente con ellas la situación económica. Otros 1.287 fallecieron en esos años. Otros 1.504 murieron en los años siguientes. De esos 1.504, 453 estaban sin liquidar cuando se generó toda la polémica y sus expedientes permanecen bloqueados, así que ahora se les calculará de acuerdo con el nuevo decreto.   

 La oposición

En la fijación de posiciones, la diputada de Podemos Rosa Espiño ha señalado que la ley aprobada el 4 de noviembre que pide la paralización de los pagos es «legal» y ha afirmado que es «muy grave» negarse a cumplirla, ya que va en contra de la «soberanía» de la Cámara y del pueblo asturiano. «Ni fu ni fa. Ni cumple la Ley ni da una solución justa a las miles de familias afectadas. Deje de incumplir los mandatos del Parlamento asturiano y no den disculpas», ha aseverado el diputado del PP Matías Rodríguez. Los diputados de IU, Marta Pulgar; de Foro, Pedro Leal, y de Ciudadanos, Diana Sánchez, han valorado la «voluntad» del Gobierno para realizar una modificación reglamentaria del decreto para corregir los «errores cometidos por una mala gestión en el ERA» pero han instado a que «se ajusten los plazos» y «se actúe con rapidez».

Por su parte, la diputada socialista Nuria Devesa ha criticado la aprobación de la Ley el pasado 4 de noviembre que, a su juicio, dificultará la resolución del problema. Por último, la consejera ha pedido a los grupos de la oposición que «destierren» en sus declaraciones la existencia de que en este caso se ha cometido «fraude» hacia las personas afectadas, ya que a su juicio, lo que ocurrió fue un «error» que con «buena voluntad» resolverá el Gobierno del Principado.

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