La joven condenada por un delito leve de estafa a través de Wallapop recurre en apelación la sentencia por no devolver el dinero de una cámara defectuosa
18 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Beatriz T.C. jamás se imaginó que el encuentro que iba a mantener con Irene G.G., el pasado mes de junio, para venderle unas sandalias y una cámara fotográfica por las que se había mostrado interesada, tras ver las imágenes en la aplicación gratuita de internet Wallapop, iba a acabar sentándola en el banquillo de los acusados del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por un delito leve de estafa. Y nunca llegó a sopesar la posibilidad de que la magistrada-juez Marta Navas pudiera dar credibilidad únicamente a la versión de Irene G. de que su intención al entregarle la cámara sin comprobar si estaba en perfectas condiciones fuera presuntamente la de estafarle los 25 euros que le había entregado por su adquisición. La escasa cuantía de la operación de compra-venta y las veces que ambas habían contactado por whatsapp y teléfono para intentar llegar a un acuerdo post-venta le llevaron a relativizar la situación y a comparecer ante la magistrada-juez sin abogado defensor.
Contratar a un abogado
Su sorpresa inicial al recibir la notificación para ser juzgada ha dado paso a la más absoluta perplejidad al conocer la sentencia por la que se le condena a devolver los 25 euros, abonar una multa de 180 euros, lo que representa siete veces el valor del objeto, y a contar con seis meses de antecedentes penales. Ha tenido que contratar a un abogado y ahora lucha porque prospere el recurso de apelación que su letrado, Eladio Rico, acaba de interponer contra la sentencia condenatoria porque, según sostiene, jamás quiso estafar a Irene G.
«No tenía planes de estafar a nadie y mucho menos por 25 euros. Si quisiera estafarle no habría ido a un encuentro cara a cara a vender nada a una persona que vive cerca de mi domicilio, ni hubiera acudido a la cita en mi propio coche, ni le hubiera facilitado mi teléfono y mucho menos una tarjeta de memoria con más de 200 fotos privadas mías», asegura Beatriz T. que aún no sale de su asombro por haberse visto implicada en un caso de estas características.
La tarjeta contenía 200 fotos privadas
La joven ovetense había puesto a la venta por internet varios artículos, entre otros, productos tecnológicos, ropa y calzado y, según explica, «nunca hasta ahora había tenido problemas». Sin embargo, todo cambió el pasado mes de junio. Beatriz T. había subido imágenes de varios productos en Wallapop e Irene G.G. se mostró interesada por unas sandalias y una cámara. Ambas quedaron en verse el 14 de junio.
Ese día, a las cinco de la tarde, Beatriz T. le llevó las sandalias y, según su versión, Irene se las probó, dijo que le quedaban bien y acordaron un precio de diez euros por la venta. A continuación, le preguntó si había llevado la cámara fotográfica. «Le dije que sí. La cámara tenía una antigüedad de unos 12 años y la había tenido cinco años en un cajón. Antes de ponerla a la venta la había conectado en el ordenador. Comprobé que navegaba por el menú y que la cámara encendía, pero no se me ocurrió sacar fotos de prueba en casa. En la tarjeta SD tenía fotos mías y ni siquiera me acordé de formatearlas. A día de hoy no sé si estaba o no estropeada porque nadie lo comprobó. La cámara la tiene Irene G. En el juicio no se comprobó su funcionamiento. Igual ahora estoy imputada por un delito por algo que no es cierto», explica.
«Nunca quise lucrarme», asegura
Tras el intercambio de los productos por el dinero de su importe, ambas se despidieron con normalidad. Beatriz T. mantiene que en ese momento no le dijo a Irene G. que si no funcionaba la cámara le devolvería el dinero, ni se llegó a plantear si estaba o no estropeada, como mantuvo la demandante. Cuando ésta le comentó que no disparaba fotos, tuvieron varias conversaciones a través de whatsapp y vía telefónica, pero no llegaron a acordar un día concreto para abordar cómo resolvían el incidente. «Tuvimos conversaciones donde yo le decía de quedar y ella me decía que ese fin de semana le venía mal porque no estaba en Oviedo. Ella me llamó y yo también», comenta.
Tres semanas después, la aparente cordialidad inicial se truncó y los mensajes ya no eran tan neutros. Beatriz T. reconoce que el tono ya fue muy distinto. «Yo le había entregado la cámara con una tarjeta de memoria y se me olvidó formatearla. Lo primero que me dijo ella era que si quería recuperar mis fotos, porque tenía más de 200 fotos mías que le devolviera el dinero. Yo le contesté que no sabía si la cámara estaba estropeada, porque se la quedó ella. Lo último que pensé es que esto iba a acabar en un juzgado, que lo iban a llevar adelante y mucho menos por 25 euros. Lo peor no es que hagas una venta de algo que después no funciona bien, sino que tengas que pagar ese dinero, una multa de 180 euros, que suponen siete veces su valor y que encima te veas además imputada por un hecho que no sabes si es cierto y que te vayan a quedar seis meses de antecedentes penales».
Beatriz T. reitera que no tenía intención alguna de estafar a Irene G. y que incluso llegó a ofrecerle que comprara la cámara fotográfica otro día si quería comprobar su funcionamiento porque la batería estaba descargada, pero, según su versión, ésta lo descartó. «Le contesté que la probara en su casa y que ya me contaría. Nunca le dije que le devolvería el dinero, si no funcionaba. Toda esta situación no tiene sentido. Me fastidia porque yo no le vendí la cámara estropeada y menos con intención de lucrarme», incide.
«No hubo maquinación fraudulenta», dice el letrado
Si inicialmente acudió a la comparecencia judicial sin abogado defensor, porque no creyó que hiciera falta, finalmente ha tenido que recurrir a los servicios de un asesor jurídico. El abogado Eladio Rico, que la representa, ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado. El letrado argumenta que el anuncio publicado en Wallapop ofertaba la venta de una cámara fotográfica con funda, caja original y tarjeta de memoria de 2GB, con un valor superior a 15 euros y en funcionamiento. Añade que la demandada desconocía si funcionaba o no la cámara puesto que si lo hubiera comprobado previamente habría podido constatar que «la entregaba con 200 fotos personales y podría haberlas borrado».
El abogado Eladio Rico estima que al no haber sido examinada previamente a su venta, no puede incardinarse los hechos imputados en un delito leve de estafa, al no existir «maquinación fraudulenta que provoque el desplazamiento patrimonial y el problema con la devolución del dinero, 25 euros, cuando el valor de una Olympus VG-130 en segunda mano es muy superior, se debe a la amenaza de la compradora con el uso que haría del contenido de las fotos privadas si no le devolviera el dinero».
«Se está criminalizando de forma absolutamente errónea», afirma
El letrado incide en que «no entra dentro de la lógica de los hechos» que la denunciada se pusiera en contacto con la denunciante por whatsapp para resolver el asunto de forma amistosa y que además no se hiciera una prueba de cargo suficiente sobre la avería o el defectuoso funcionamiento de la cámara, puesto que «ésta funcionaba conectada a la red eléctrica y que el problema se presentaba en el disparador, puesto que era posible desplazarse con los menús y visionar el contenido de la tarjeta».
El abogado de Beatriz T. advierte en el recurso de apelación que no existe ilícito penal alguno en el comportamiento de su representada al tratarse, «en todo caso de un problema civil que se está criminalizando de forma absolutamente errónea dada la ausencia de tipicidad en la conducta».