El grupo del G-9 reclama un decreto urgente que regule la nueva selectividad. García Granda insiste en que se mantenga el distrito único y la movilidad de estudiantes
17 nov 2016 . Actualizado a las 18:50 h.Dos meses después del inicio del curso escolar, nada se sabe sobre la futura prueba de acceso a la Universidad. Una vez paralizada la reválida de Bachillerato, que servía para graduarse y para matricularse en la formación superior, ahora queda por determinar cómo se estructurará esa prueba. El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha urgido al Ministerio de Educación a poner fin a la incertidumbre actual y a mantener el distrito único. Los rectores han reiterado esta petición durante la reunión de su Comisión Sectorial de Ordenación Académica que ha tenido lugar en la Universidad de Oviedo. Esta comisión ha abordado, además de este tema, cuestiones relacionadas con la contratación de profesores, la duración de los títulos de Grado o la planificación de un nuevo máster interuniversitario en Turismo y Comercio.
Los rectores de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que ocupa la presidencia semestral del G-9, y de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia Ordorika, presidente de la Comisión de Ordenación Académica, han informado de los principales acuerdos. Ambos han coincidido en la urgente de necesidad de despejar todas las dudas existentes sobre la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Iñaki Goirizelaia ha solicitado al ministerio que publique cuanto antes la orden ministerial para aclarar cómo será. El rector de la Universidad del País Vasco ha recordado que las universidades apenas tienen cinco meses de plazo para trabajar y ha destacado que los principales perjudicados por esta situación son los propios estudiantes que aún no saben a qué atenerse. Ha diferenciado entre el acceso y la admisión de alumnos y ha matizado que son las Administraciones Públicas y no las universidades las responsables de las pruebas de acceso a la universidad. El rector del País Vasco ha señalado, pese a todo, la voluntad de las instituciones académicas de enseñanza superior de colaborar para no perjudicar a los estudiantes.
El presidente de la Comisión de Ordenación Académica del G-9 -grupo integrado por las universidades que son las únicas de carácter público en sus respectivas comunidades autónomas- ha señalado que las universidades que integran este grupo son partidarias de mantener, al menos para este año, una prueba de acceso muy similar a la existente hasta ahora porque, según ha dicho, no hay tiempo para hacer cambios. Santiago García Granda, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de que, sea como sea el examen definitivo, garantice en todo caso el distrito único y movilidad de los estudiantes, independientemente de la comunidad donde realicen la prueba.
El rector de la Universidad del País Vasco se ha referido también a la posibilidad de que la nueva prueba de acceso exija superar un examen oral de inglés. Ha recordado que 12.000 estudiantes realizaron la prueba en Euskadi en el último año y ha destacado que a nadie se le escapan las dificultades de hacer una prueba oral a un volumen tan alto de alumnado, máxime cuando hay que atender también las posibles reclamaciones.
Títulos de tres años
El G-9 ha defendido también, en la línea con lo aprobado por Crue Universidades Españolas, la duración de los títulos de Grado ya existentes tal y como está establecida en la actualidad. Rechaza así la propuesta de reducir las titulaciones a tres años.