Los padres exigen que los profesores trabajen en julio para dar clases de recuperación

Si los colegios abriesen en julio y los profesores impartiesen clases para los exámenes de recuperación, las familias no tendrían que pagar academias particulares y la enseñanza avanzaría hacia la gratuidad. Los docentes son funcionarios, así que en teoría solo tienen un mes de vacaciones, por lo que el planteamiento es viable. Así lo plantea Elena González, presidenta de la Federación de Padres Miguel Virgós, el colectivo mayoritario en la escuela pública asturiana, en una extensa carta remitida a La Voz, en la que reclama un cambio en el actual modelo pedagógico. González, que abandonará el cargo en una semana y que ha sido vicepresidenta de la confederación nacional en los últimos años, ha sido una de las principales impulsoras de la huelga de deberes. Considera esta campaña un toque de atención necesario para comenzar a cambiar un modelo que tilda de caduco. Carga, además, contra el consejero de Educación, Genaro Alonso, al que considera «cómplice» de los docentes, por defender una serie de privilegios que nada tienen que ver con la mejora de la calidad educativa. Elena González abandona la primera línea saldando cuentas. Lanza propuestas y denuncia todo aquello que ha visto desde dentro.

La presidenta de la FAPA Miguel Virgós acusa a la Consejería de Educación del Principado, tanto al actual equipo como a los anteriores, de haber sido «cómplices en la desaparición de la jornada partida, al permitir la continua, favoreciendo a sus docentes y no a los menores, a quienes tienen la obligación de proteger». El colectivo asegura que el cambio de jornada, que se implanta mediante votación, no beneficia a los estudiantes y sí a los docentes, que consiguen un horario comprimido por la mañana. También acusa a la administración de que «el profesorado no cumpla con las jornadas por las que cobra un sueldo, permitiendo que los meses de junio y septiembre salgan una hora antes». Además, desata el debate sobre lo que sucede en el mes de julio. Si los docentes son funcionarios, solo tendrían derecho a un mes de vacaciones, ¿por qué cierran entonces los colegios e institutos en julio.

El verano

Elena González realiza una propuesta. Lanza la idea de los centros permanezcan abiertos en julio y que los docentes atiendan a los alumnos que han suspendido para después fijar los exámenes de recuperación a finales de mes y que agosto se convierta en un mes de vacaciones reales tanto para los estudiantes como para los alumnos y sus familias. «Así de paso, nos ahorrarían a las familias pagar para que nuestros hijos e hijas sean atendidos en academias privadas, las cuales son capaces de enseñarles lo necesario para aprobar en un mes, logro del que el centro escolar no ha sido capaz durante 10 meses», explica. «Las familias hemos consentido esto desde hace mucho tiempo, pero la costumbre no significa derecho», insiste con contundencia.

No es lo único que quiere cambiar. Insiste en que el sistema educativo está anticuado y en que «muchos de nuestros modelos pedagógicos ya se han desterrado en la mayoría de los países con los que nos comparamos, los deberes para casa están prohibidos en algunos o entendidos con otro concepto en otros». Reclama un amplio debate en el que se cuestionen muchos temas, desde los polémicos deberes -que son el eje central de su carta- a la obligación de adquirir libros de texto o las lecciones magistrales como baluartes de la educación. «Nos comparamos permanentemente con otros sistemas y otros países, pero las realidades, las inversiones, la ciudadanía, la formación del profesorado, la sensibilización de las familias, el papel de estas en el proceso educativo de sus hijos, la concienciación hacia las necesidades del menor, también son distintas, lo que hace que tengamos que buscar las soluciones en nuestra propia realidad», reflexiona.

Los deberes

En concreto, sobre el tema de las tareas extraescolares, desmiente tanto a los sindicatos como al consejero de Educación. Precisa que el artículo 15 del Decreto 249/2007 de derechos y deberes del alumnado, en el que se determina para todos ellos el «deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo, así como la obligación de realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el profesorado», invocado por Genaro Alonso, no dice en ningún sitio que esas tareas se tengan que hacer fuera del espacio escolar. La presidenta de la FAPA Miguel Virgós repite que nadie puede obligar a los alumnos a realizar trabajos fuera del aula sin la supervisión de los profesionales. «Tendrían que ser los tribunales los que aclaren si la Consejería de Educación, los maestros o quien sea del mundo de la educación, puede obligar a nuestros hijos e hijas a realizar un trabajo escolar fuera del entorno en el que tienen derecho a ser atendidos por profesionales en el desempeño de sus funciones», advierte.

El colectivo de padres no cree que los deberes sean la piedra angular para que cada alumno alcance el nivel adecuado. Más bien, Elena González propugna «una educación compensadora de desigualdades sociales y donde no importe el lugar de nacimiento». Eso no solo se logra dejando abiertas aulas con cuatro alumnos o habilitando transporte y comedor escolar, medidas ya implantadas en Asturias, sino que debe aplicarse «un modelo educativo justo, en el que la escuela supla lo que la sociedad con sus desigualdades quita y que no dependa el éxito escolar de lo que sepan los padres y madres del alumnado, del patrimonio que tengan o de lo que su maestro o maestra decida que es conveniente para su alumno fuera del centro escolar».  

Los docentes

Ese modelo justo también alcanza a los docentes. La presidenta de la FAPA cree que es imprescindible «cambiar la formación del profesorado, mejorar sus condiciones laborales y salariales». Pero eso debe llevar aparejado un cambio en la metodología en las aulas «para que sea motivadora, para que se haga en los centros el trabajo escolar, incluido el individual, supervisado por un docente para que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de aprender sin depender de otros factores». Explicado de otro modo, a su juicio, «el derecho a la educación no puede estar supeditado a la condición social, ni a la economía de las familias, ¿alguien piensa que las madres o padres que están limpiando escaleras para que sus hijos e hijas vayan a clase particular lo hacen por una dejación de responsabilidad como tutores?».

Otro de sus grandes caballos de batalla han sido los libros de texto. «Los compramos año tras año, sin tener ninguna obligación. Los adquirimos dócilmente para que nuestros hijos no tengan problemas con sus profesores. ¿O también nos estamos inmiscuyendo en la «dignidad y autoridad» del profesorado al cuestionar esto?», se pregunta. 

Las familias

La mayor implicación de las familias en la educación de sus hijos es uno de los mantras más repetidos en los últimos años al hablar de la enseñanza. Sin embargo, Elena González teme que sea más una pose que una reivindicación real. De ser así, la administración debería escuchar sus opiniones, respetar sus posiciones e intentar entender su posición, «que no es ni mucho menos caprichosa, sino que es debida a nuestra preocupación lícita por los intereses de nuestros hijos e hijas, por su educación integral y justa, y para que no quede ni un solo niño discriminado en esta guerra de egos, de intereses económicos y dignidades mal entendidas, como ocurre actualmente». 

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