José Luis Iglesias, presidente de Asturias Laica, reflexiona sobre la presencia de las autoridades públicas en actos religiosos católicos
06 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Como presidente de Asturias Laica y estando en formación la Red de Municipios por un Estado laico tengo últimamente reuniones diversas con alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas para discutir compromisos y decisiones al respecto.
Sobre la presencia o no de autoridades municipales en actos de carácter religioso me ha sorprendido el argumento de algunos de ellos y ellas, que en coincidencia con lo que viene defendiendo la derecha en algunos ayuntamientos, plantean: ¿Y si te invitan?
¿Si te invitan, no vas a ir? ¿Igual que la asistencia cuando te invitan otras asociaciones: vecinales, deportivas, feministas, escolares etc.? ¿Por qué no a las religiosas? No es lo mismo que tú seas el organizador que asistir como invitado.
La verdad, dicho así , parece en principio un argumento irrebatible, ya que tiene como fundamento el trato igualitario. Democracia es igualdad. Trato igualitario para todos. No discriminar por razones de creencias significa tampoco discriminar a las asociaciones de carácter religioso.
Pero las cosas no son así. La realidad no es así. Lo que existe en la realidad social es una desigualdad manifiesta. La iglesia católica en España goza de inmensos privilegios económicos, jurídicos y fiscales de los que no goza ninguna otra asociación privada. Las relaciones entre las autoridades públicas y la iglesia católica no es equivalente al trato que mantienen con las demás entidades. ¿A qué otra asociación privada se le permite no pagar impuestos? ¿A qué otra asociación privada se le permite tener sus representantes en los centros escolares enseñando sus doctrinas? ¿A qué otra asociación privada se le permite realizar en sus locales ceremonias matrimoniales que tengan validez jurídica? ¿ A qué otra asociación privada se le permite tener representantes en el ejército pagados por el ministerio de defensa? ¿A qué otra asociación privada se le permite tener representantes en los hospitales públicos pagados por la nómina del hospital? ¿A qué otra asociación privada se le ha permitido inmatricular a su nombre cientos de bienes inmuebles de carácter público? Y mucho más.
¡No! No hay igualdad entre la iglesia católica, considerada por el Estado como una entidad de derecho público, y el resto de las entidades privadas. Por tanto esa pretensión de tratar por igual a quien no lo es, no es más que una forma de justificar el mantenimiento de la desigualdad. De una desigualdad basada en el mantenimiento de los privilegios. La iglesia hace todo lo posible por mantenerlos. La presencia de las autoridades públicas en actos religiosos católicos contribuye a mantener el deseo de la iglesia de que la ciudadanía vea como las autoridades reconocen su estatus y sus privilegios.
La presencia de las autoridades públicas en actos privados es algo sumamente delicado, ya que de alguna manera da carácter público a dichos actos privados. Y esto es buscado insistentemente por la iglesia católica. Su deseo es que la ciudadanía vea que al asistir las autoridades públicas, la iglesia también es de todos. Que se vea como la iglesia también tiene ese carácter público. Y si este carácter de entidad pública se le reconoce, entonces los privilegios no son tales, pues al verse, la iglesia como entidad pública el sostenimiento y reconocimiento es lógico que corresponda al Estado. ¡Pero no lo es! La iglesia católica es una entidad privada de los creyentes católicos. Y como tal entidad privada a ellos debería corresponder su mantenimiento, sean muchos o pocos. Y no al Estado que sí es público y por tanto debería ser de todos y todas.
Las autoridades públicas que asisten a los actos religiosos, invitadas o no, contribuyen a que continúe la ceremonia de la confusión entre la ciudadanía, al mantenimiento de los privilegios y a la consideración de la iglesia como entidad pública.
Cuando se den las relaciones de igualdad entre el Estado y todas las asociaciones privadas, incluida la iglesia, sin privilegios para ninguna, entonces sería comprensible plantear si es conveniente o no que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas acepten asistir a esos actos religiosos privados. Mientras tanto declinar tan envenenadas invitaciones es cuando menos saludable democráticamente.
No me asombra, en absoluto que este tipo de argumentos sean utilizados por la derecha. Acostumbrada a retorcer razonamientos que ni ella misma se cree y que sabe que son tretas y argucias para mantener la situación de privilegio tal como está, sin cambiar ni un ápice. Lo que me ha sorprendido es que algún ingenuo concejal de izquierda haya picado el anzuelo.
Profundamente preocupados por el voto, esa preocupación les impide ver los cambios que se están operando en la realidad social, los avances en la secularización del país. En una de estas a lo mejor resulta que yendo a buscar votos a las procesiones terminan en cuarto menguante.