El Principado regula las carreras populares

El Gobierno presenta un anteproyecto de ley del deporte, de 97 artículos, que también pone coto a la discriminación sexual y al dopaje

Corredores de la Media Maratón de Gijón.Corredores de la Media Maratón de Gijón
Corredores de la Media Maratón de Gijón

Redacción

El anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte del Principado contempla 97 artículos en los que combate la violencia, el dopaje y la discriminación por razones de sexo, y da un «salto de calidad» con la creación del Comité de Justicia Deportiva. El director general de Deporte, José Ramón Tuero, ha presentado el que considera un anteproyecto «necesario», sobre el que espera que en el plazo de un año pueda convertirse en una nueva ley, que resulte «mejorada» con posibles aportaciones en la fase de información pública y de tramitación parlamentaria.

Además, ha subrayado que el anteproyecto presentado por el Gobierno asturiano «no incumple artículo alguno», lo que «no ocurre» con la propuesta del borrador de Ley del Deporte presentada por el PP, que también ha sido aprobada en la Junta General con el respaldo de Foro y Podemos. En relación a la iniciativa de la formación popular, Tuero ha indicado que se trata de un texto «inconexo, con pocas matizaciones importantes» que ha tachado de «inconstitucional» al «vulnerar» doce artículos de ley.

El documento

El anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte del Principado incorpora por primera vez medidas para la protección y difusión de las prácticas de ocio y de competición no federadas, y promueve la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo.

Entre otras medidas, destaca la creación de la conferencia intersectorial en materia de actividad física y deporte como órgano colegiado que reúne a los distintos departamentos de la administración autonómica que ejecutan políticas vinculadas a este sector. Además, se establece un consejo asesor, en cuyo seno se constituye una comisión de equilibrio de género y el observatorio de la actividad física y el deporte, que registrará los datos necesarios para facilitar un conocimiento real del deporte asturiano en materia de igualdad y de oportunidades entre mujeres y hombres. También se simplifica en un órgano único e independiente la resolución de todas las cuestiones controvertidas, ya sean de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos administrativos, de control de legalidad de los procesos electorales federativos, o ya en el ámbito privado mediante la vía arbitral, o la mediación a través del comité asturiano de justicia deportiva.

Tuero ha valorado el «salto de calidad y garantía» que supondrá la aplicación de la nueva ley, ya que en la actualidad el Comité de Disciplina Deportivo del Principado se declara «incompetente» en el 80 por ciento de los casos que se denuncian.

Con el anteproyecto de ley se evita crear burocracias innecesarias con un único registro de entidades deportivas, y respecto a las infraestructuras serán los concejos asturianos los que continuarán elaborando el censo, en su término municipal, para evitar la creación de nuevos órganos que generen duplicidades.

También se regula la práctica deportiva en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad al otorgar cobertura jurídica no solo a la competición federada clásica, sino también a actividades de ocio y competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares.

Otra aportación se refiere a la reordenación del tejido asociativo, y en cuanto a las titulaciones, formación e investigación deportiva, se habilitará y potenciará un marco que, necesitado de desarrollo legal por parte del Estado, cuente con la presencia de personal técnico-deportivo que permita la realización de la actividad en condiciones de seguridad y salubridad.

Tuero ha destacado que el código de buen gobierno contempla que los gestores no deben de hacer un uso indebido de las entidades federativas, no contratar a familiares de dirigentes y proporcionar toda la información debida a los asambleistas.

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