Foro solicita un informe a los letrados para entorpecer el presupuesto

Los casquistas afirman que es «ilegal» por no sumar como ingreso el objetivo de déficit mientras los socialistas creen que no tendrá recorrido y tildan el argumento de «pufo»

La presidenta de Foro, Cristina Coto, en un momento de la sesión parlamentaria
La presidenta de Foro, Cristina Coto, en un momento de la sesión parlamentaria

Redacción

La tramitación del presupuesto asturiano (compleja de por sí, después de que saliera adelante superando las enmiendas a la totalidad de Podemos, Foro e IU) con un acuerdo paralelo con el PP para aumentar a 300.000 euros la exención del impuesto de sucesiones), está siendo accidentada incluso a 24 horas de que se celebre el debate definitivo para su aprobación este viernes en la Junta General y en la víspera de Año Nuevo. Si el pasado martes la tramitación se demoró por unas horas durante la mañana después de que Podemos recurrieran la calificación de erróneas de 4 de sus enmiendas por parte de los servicios jurídicos de la cámara (una calificación que los letrados confirmaron en la misma jornada); este miércoles ha sido Foro el que tratado de buscar un último subterfugio contra el proyecto de cuentas del Ejecutivo socialista. Aunque no se trata de un recurso en sí, sino de la solicitud de «un informe» a los servicios jurídicos.

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, reclamó este informe a los servicios jurídicos de la cámara para que resuelvan sobre el proyecto, que ella calificó de «ilegal», porque según aseguró el texto no incluye la totalidad de los ingresos previstos según dicta la legislación. La tesis de Foro es que, según afirma Coto, el proyecto no detalla los 23 millones de euros de ingresos consecuencia de la ampliación por el Ministerio de Hacienda del objetivo de déficit para las comunidades autónomas. «La irregularidad es manifiesta y la pretensión del Gobierno mas que obvia: destinar esos ingresos a lo que le dé la gana, sin pasar por el Parlamento», afirmó Coto.

Lo cierto es que la modificación de ese objetivo de déficit, del 0,5% al 0,6% actual, se aprobó el pasado 23 diciembre en el Consejo de Ministros y se trata de la posibilidad de que las autonomías puedan recurrir a la deuda para ampliar sus fondos, pero es un tope máximo al que se puede recurrir, no una cantidad fija de dinero que conste como ingresos y que requiere además la autorización del Estado. «Estamos hablando de déficit, es decir, de que haya más ingresos que gastos», señaló el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Lastra, quien consideró que la solicitud de Foro no tendrá recorrido en los servicios jurídicos de la cámara.

«Vamos a ver qué hace Foro cuando los servicios jurídicos le nieguen su argumento, a ver si realmente se avergüenza», señaló Lastra a la salida de la Junta de Portavoces después de conocer el anuncio de los casquistas a lo que añadió que «no se pueden establecer gastos reales con ingresos ficticios, porque a eso se le llama pufo». Lastra indicó que esta táctica ya había sido esgrimida por Foro en la presentación de sus enmiendas a la totalidad, que fueron rechazas, en el debate de la semana pasada. Además advirtió de que ya, en su presentación, los presupuestos tienen que pasar el trámite de recibir los informes de los letrados para constatar que se cumplen todos los requisitos, entre ellos que cuadran los ingresos y los gastos, «y ya se admitió a trámite».

En el pasado, Foro llegó a recurrir a los tribunales contra los presupuestos del años 2013, llegando a plantear ante el Constitucional que que no se habían respetado los derechos de los diputados por fijar un plazo de tramitación demasiado apurado. Sin embargo, el Constitucional desestimó las quejas de los casquistas --en un fallo que se dio a conocer aún en octubre de este 2016-- al señalar que «el ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario» no se había vulnerado con «el acortamiento de plazos contenido en el cronograma». Además, la sentencia indicó que Foro había tenido «la posibilidad efectiva de pedir numerosas comparecencias y participar en las mismas, ha presentado enmiendas a la totalidad y ha participado en los debates de elaboración de la ley» y que no se había podido acreditar «la existencia de un daño real y efectivo en el núcleo de su función representativa».

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