La Sindicatura reclama al Principado que no cuente los fondos mineros pendientes como remanente
ASTURIAS
El ógano fiscalizador considera que las cuentas asturias son «imagen fiel de su patrimonio» pero advierte de que hasta 33 millones en deuda podrían haber prescrito
28 dic 2016 . Actualizado a las 14:46 h.La Sindicatura de Cuentas ha recomendado al Gobierno asturiano que revise deudas por importe de 33,8 millones de euros que tiene reconocidas del año 2010 y ejercicios anteriores para poder determinar si es necesario darlas de baja por haber prescrito.
Asimismo ha reclamado al Principado que deje de incluir como derechos reconocidos los 166 millones pendientes de cobro de los fondos mineros que adeuda el Estado y que provoca que el remanente de tesorería esté sobrevalorado en la misma cantidad, según refleja en el último informe de la cuenta general del Principado.
En opinión de la Sindicatura, la Cuenta General de la Administración regional expresa, en todos los aspectos significativos, una «imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera» de la administración regional y sus organismos autónomos, según señala en su informe, que ha recibido numerosas alegaciones por parte del Gobierno autonómico.
No obstante, llama la atención sobre los préstamos que a largo plazo tenía concedidos el Principado a empresas con participación pública como Sogepsa (157,6 millones) o la Zalia (104,8 millones) para que éstas pudieran hacer frente a unas deudas financieras.
Estos préstamos fueron autorizados por el Consejo de Gobierno como gastos plurianuales para los periodos 2013-2021, en el caso de Sogepsa, y 2014-2023, en el de la Zalia.
Según destaca la Sindicatura, para poder hacer frente a esos compromisos plurianuales fue necesario modificar los límites establecidos en el Teto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado, que limita ese tipo e gastos a un máximo de cuatro años, salvo para casos especialmente justificados.
El Principado, además de estos préstamos, tenía al finalizar el pasado ejercicio un aval de 114 millones de euros con Sogepsa y otros de 47,2 millones con la Zalia.
En 2015 también se ejecutaron 22 avales que la administración había concedido en años anteriores a otras ocho empresas y que supusieron para las arcas del Principado el desembolso de casi 6,4 millones de euros.
De la ejecución de estos 22 avales y de otros 28 de años anteriores, el Principado tenía pendiente de cobro al finalizar el año 2015 más de 25,9 millones de euros, de los que en los primeros meses de este ejercicio había recuperado 1,6 millones.
En cualquier caso, el Principado ya había considerado en 2015 que eran incobrables seis avales por importe de 5,8 millones que había concedido a Friovivo, Alas Aluminiu y Temper.
El informe plantea de nuevo la necesidad de que el Principado actualice su normativa en materia económica, financiera, presupuestaria y contable para tener más transparencia y estabilidad y que se especifiquen los supuestos concretos a los que puede destinarse el Fondo de Contingencia para acotar su uso discrecional.
También recomienda al Principado que modifique las normas reguladoras de del Servicio de Salud (SESPA), dependiente de la Consejería de Sanidad, y del Consejo de la Juventud que, por sus características, deberían ser considerados como organismos autónomos
En materia de contratación también recomienda que limite el uso del procedimiento negociado sin publicidad y que se sometan a negociación también aspectos técnicos y no sólo económicos.
La Sindicatura considera que también puede mejorarse la planificación y gestión de las subvenciones de modo que se facilite su solicitud, ejecución y justificación del cobro por parte de los beneficiarios