«Lo que no puede ser es que alguien que lo reciba rechace una oferta de trabajo temporal porque no le compensa», dice Mercedes Fernández
09 ene 2017 . Actualizado a las 13:04 h.El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General celebró este lunes su primer encuentro de cara a plantear las prioridades de sus iniciativas a lo largo de 2017. Entre ellas, la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, destacó la de una reforma de la ley del Salario Social para «vincularlo al empleo, de forma que sea más útil tanto para el perceptor como para la sociedad». En esa reforma trabajarán los diputados Emma Ramos, Pedro de Rueda y Matías Rodríguez Feito, teniendo en cuenta, según señalaron, la edad de los beneficiarios de la prestación y también sus dedicaciones pasadas. «Lo que no puede ser es que a alquien que percibe el Salario Social se le haga una oferta de empleo temporal y diga que no le compensa, porque cuando acabe ese contrato tendrá que volver a la cola de los perceptores»; señaló Mercedes Fernández quien en todo caso, y a la pregunta directa de si propondría suprimir el Salario Social por rechazar un oferta de trabajo, contestó que sus iniciativas no iban en ese sentido.
«Hay que vincular los recursos públicos a que tengan utilidad a la sociedad en su conjunto», señaló la presidenta del PP asturiano, quien animó a sus disputados a «imaginativos, audaces y también a ser prácticos» en la reforma del Salario Social y añadió que su grupo siente más legitimidad para plantear estas modificaciones que otros porque «no admitimos lecciones de la izquierda que no ha votado los presupuestos». El Salario Social en Asturias, una de las rentas más altas del Estado, sólo superada por iniciativas similares en comunidades de régimen foral, beneficia según datos del Principado a alrededor de 20.000 personas y alrededor de 45.000 familias. En 2015, el Salario Social en Asturias superó los 100 millones de euros de presupuesto, una cifra que no ha descendido con el paso de los años. Para este 2017, las cuentas autonómicas le reservan 105 millones, casi un tercio del presupuesto previsto para la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para todo el año nuevo. En el último año, el PP ya llevó a la cámara asturiana iniciativas en este sentido que despertaron una fuerte polémica entre los diputados y llevaron a los grupos de la izquierda a acusar a los conservadores de considerar «vagos» a los perceptores de esta prestación.
Mercedes Fernández destacó el acuerdo que le permitió respaldar los presupuestos a cambio de una subida de la exención en el impuesto de sucesiones para las herencias hasta 300.000 euros sin renunciar «a nuestro propósito de eliminarlo» en el caso de que lleguen al Gobierno. Además, la presidenta del PP asturiano destacó que entre sus prioridades en el nuevo curso político está la tramitación de una ley de emprendedores de ámbito autonómico que junto a «ayudas a pymes y autonómos» incluya también medidas «de educación emprendedora que se debe imprimir en los estudios a los escolares». El PP promoverá también una reforma de la Ley de Montes y la Ley de Emergencias y Protección Civil; junto a la posibilidad de permitir un uso «lúdico» de los embalses del Parque Natural de Redes para que sean navegables.
Por otra parte Fernández destacó que su grupo celebraría unas jornadas sobre contaminación ambiental y en materia sanitaria reclamó la elaboración de «un plan de choque contra las listas de espera» señalando su temor de que el decreto de garantías que prepara el ejecutivo autonómico sea «raquítico». La presidenta del PP indicó además que entre las prioridades del nuevo curso debe estar la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una normativa de ámbito autonómico que debe «complementar» a la nacional.