El alud de documentación amenaza con aplazar la declaración de los 6 detenidos

El juzgado y los abogados deberán examinar más de 3.000 folios de información tras el registro en la sede de UGT en Oviedo

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La Guardia Civil registra la sede de UGT Asturias Seis personas han sido detenidas por un presunto fraude en las subvenciones a cursos de formación

Redacción

Los abogados de la defensa de los seis detenidos de UGT-Asturias relacionados con la causa abierta por supuesto fraude en cursos de formación, han anunciado este miércoles que los sindicalistas, entre los que se encuentra el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, no podrán prestar declaración en esta jornada ante la juez. Se debe a la gran cantidad de documentación, más de 3.000 folios, que el juzgado y los abogados deben examinar previamente.

Así lo ha asegurado a los medios el abogado de Rodríguez Braga, Francisco Alonso, a la entrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, donde se desarrolla la causa. Según Alonso, no dará tiempo a que los detenidos declaren por el volumen de la información a estudiar. El letrado ha lamentado cómo se están desarrollando los acontecimientos y ha afirmado que sus defendidos tienen «la conciencia tranquila». Ha criticado además que la detención ha sido «una injusticia» al desconocer quién dio la orden.

La juez que instruye el caso, Carmen Blanco, también tendrá ahora que analizar el nuevo informe, de unos 3.000 folios, entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) después de realizar un exhaustivo registro en la sede regional de la Unión General de Trabajadores este martes. Los detenidos, por su parte, se encuentran desde el pasado martes en el cuartel de la Guardia Civil en Rubín, donde pasaron la noche. 

Los letrados de la defensa tendrán que analizar también la extensa documentación recabada por la Guardia Civil, para que después declaren sus representados.

La operación

El dispositivo en el que resultaron detenidos el exsecretario general de UGT Asturias así como otros cinco miembros del sindicato, se llevó a cabo este martes al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato UGT.

Concretamente el Juzgado ha ordenado el registro de tres sedes sociales domiciliadas en el mismo edificio de la Plaza General Ordóñez de Oviedo: la de la Unión Regional de Asturias de la UGT, la delegación del Instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES) y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur).

En el marco de la misma operación han sido detenidas en distintos puntos del Principado seis personas. Además de Justo Rodríguez Braga han sido detenidos miembros del sindicato, de IFES y de Infastur, directamente relacionados, por su cargo actual o anterior, con la administración y gestión de las subvenciones para formación.

Exhaustivo registro

Otras fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han explicado que, en principio, no se prevén más detenciones y que los detenidos son personas vinculadas a la dirección del sindicato en la etapa de Rodríguez Braga, quien decidió no optar a la reelección en 2016 y que ha sido sucedido por Javier Martínez Lanero.

Fue hace poco más de un año cuando el fiscal Gabriel Bernal formuló denuncia ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales.

Las diligencias de investigación se incoaron en el mes de diciembre de 2014, tras un informe presentado en Fiscalía por la UCO denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.

El fiscal señalaba que los hechos se referían, en esencia, a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales.

En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en otro procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias.

Desde el sindicato UGT, ya en el tiempo que se conoció la denuncia del fiscal insistieron en todo momento en la «absoluta legalidad» de las actuaciones llevadas a cabo en materia de formación y consideró «sorprendente» que la denuncia llegase tras un año de investigación en la que no se habían encontrado pruebas. También pedían que el caso se esclareciese de forma definitiva, porque el asunto estaba haciendo mucho daño al prestigio de la organización.

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