Un grupo de extrabajadores y exmilitantes de UGT descontentos con la gestión empezaron hace más de tres años con las denuncias que tejieron el primer hilo de la operación
19 ene 2017 . Actualizado a las 18:44 h.El martes 17 de enero, a las nueve de la mañana, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo y de la Unidad Central Operativa (UCO) actuaban de forma coordinada para detener a seis personas vinculadas a UGT y para registrar la sede central del sindicato en Asturias. La operación, calificada de mediática por los acusados, despertó gran revuelo. Hubo quien habló incluso de sorpresa. Lo cierto es que la investigación lleva abierta desde el 2004, que los medios de comunicación la han ido publicando, de una manera más o menos explícita, y que un grupo de antiguos militantes y trabajadores descontentos con la gestión que se estaba realizando lleva años denunciando la existencia de una estructura opaca y fraudulenta. Estos afiliados, a los que se les ha acusado de actuar como resentidos, parecen ahora piezas claves en una investigación que sigue en marcha.
Pablo Álvarez, antiguo dirigente de juventudes y miembro de MCA-UGT, ha sido desde el principio uno de los más combativos, al menos, a nivel mediático y en redes. Sus denuncias en sus perfiles privados le valieron una expulsión del sindicato que consiguió revertir en los tribunales, para después abandonar por convicción una organización con la que ya no compartía principios y por la que no se sentía representado. Álvarez asiste expectante a los últimos acontecimientos. Hace ya más de un año que declaró ante la UCO y después ante el Fiscal Anticorrupción. «Hemos estado sometidos a todo tipo de presiones, desde amenazas a crear perfiles falsos en redes sociales para insultarnos. Alguno ha tenido que irse fuera de Asturias a trabajar porque aquí era imposible que nadie le contratara», explica.
Lo que no ha recibido en los más de tres años es ni una sola denuncia judicial. «Sabemos que dentro del sindicato dicen que todo lo que decimos son injurias y calumnias pero no han acudido ni una sola vez a los tribunales para probarlo. ¿Por qué será?», se pregunta en voz alta. Este trabajador de La Felguera -que dice haberse desengañado cuando recibió una orden de arriba de callar pese a que había argumentos económicos para exigir la continuidad del Tallerón de Duro Felguera- afirma que cuentan con pruebas suficientes. No solo está su palabra. Habla de documentos que han pasado por sus manos y que obran en poder de la UCO, de la Fiscalía Anticorrupción y ahora de la jueza responsable del juzgado número 4 de Oviedo.
La intención de UGT Asturias de autorizar un ERE para salvar sus problemas económicos fue la tormenta perfecta que comenzó a unir a aquellos que no estaban de acuerdo con la gestión que se estaba realizando, relata Pablo Álvarez. Los letrados Carlos Suárez Peinado y Olga Blanco plantaron cara. El primero era el presidente del comité de empresa y exigió otro tipo de medidas previas como el recorte de sueldos de los altos cargos. Este enfrentamiento terminó con su salida de la organización. Ambos montaron un despacho de abogados por el que, en diferentes momentos, han ido pasando otros afiliados y empleados que han denunciado diferentes aspectos de la gestión. Casos, por ejemplo, de jóvenes que trabajaban en negro a la espera de que se cumpliera el compromiso de cobrar con cargo a una subvención destinada a su departamento que, en realidad, ya estaba soportando otras nóminas. Al poner en común sus experiencias comprobaron que existía un hilo del que tirar. Han visto nóminas de trabajadores que cobraban hasta el 75% con cargo a formación cuando su tarea no tenía nada que ver. Juntos reunieron centenares de piezas que trasladaron a los investigadores. Contaron con la colaboración incluso de funcionarios que estaban en la cadena y a los que no les cuadraron estas prácticas
El propio Pablo Álvarez cree que queda mucho por salir. Está convencido de que la investigación continuará y que se verán implicadas otras instituciones vinculadas a los cursos de formación. También señala que la que menos tiene que perder de los seis detenidos es Silvia Sariego, la administrativa, que hace años que está fuera de UGT y que es la única que ha encargado su defensa a un abogado diferente. Los otros cinco cuentan con el mismo, Francisco Alonso. «Trabajó cumpliendo órdenes y por sus manos pasó mucha documentación», explica.
Un sindicato insostenible
«La estructura del sindicato está sobredimensionada, con salarios por encima del mercado, con nóminas de 2.800 euros, más dietas y kilometrajes, en gente que no tienen ningún tipo de experiencia ni de currículum. Eso no se puede sostener», argumenta. La diferencia con la anterior generación de dirigentes sindicales, como el propio Justo Rodríguez Braga, es que la mayoría eran liberados sindicales y sus sueldos los pagaban sus empresas. «Ahora han dejado colocados a sus hijos y esos no han tenido ningún oficio previo, así que todo lo paga UGT. Esto también tiene una lectura: la herencia. Sus hijos nunca levantarán las alfombras», denuncia.
Asisten expectantes a lo que está sucediendo. Muchos de los que antes les llamaban resentidos ahora les mandan mensajes privados entre asombrados y cabreados. «Está pasando todo lo que dijimos que iba a pasar y esto no ha acabado», sostiene este langreano, que abandonó Duro Felguera y que ahora trata de recuperar su vocación de maestro. «En unas oposiciones no me pueden boicotear», ironiza.