El abogado Francisco Alonso asegura que en la documentación no consta que el fiscal ampliara las acusaciones y no ve que los arrestos se hicieran a instancias de la juez que instruye la causa. «No son lógicas, ni legal, ni humanamente»
18 ene 2017 . Actualizado a las 20:42 h.El abogado Francisco Alonso estudia la posibilidad de emprender acciones legales para resarcir el daño que ha ocasionado la detención de los cinco exresponsables y trabajadores del sindicato UGT a los que representa y que fueron puestos en libertad, sin la adopción de medidas cautelares, tras pasar la noche del martes en los calabozos. El letrado no encuentra motivo alguno que justifique su arresto, después de un año y medio de investigación de la causa penal que se sigue en el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo por los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Los delitos, «en genérico»
«Estoy recopilando y analizando toda la documentación y no encuentro que aparezca en sitio alguno que la detención responda a una iniciativa de la juez o del fiscal», asegura el abogado. En el atestado policial únicamente figura que se van notificando de forma individual las detenciones en los domicilios respectivos y se relatan los delitos que se están investigando «en génerico»; señala Francisco Alonso. Esta circunstancia le lleva a pensar que no había novedad o avance alguno de la instrucción que diera pie a desplegar un operativo policial tan amplio como el que se realizó en la sede de UGT, en la Plaza General Ordóñez, de Oviedo.
En el auto judicial, emitido para la puesta en libertad, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, Carmen Blanco, «únicamente deja sin efecto las detenciones» practicadas por los efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), desplazados expresamente a Asturias desde Madrid. En esta resolución, se dice que quedan en libertad, «sin la adopción de medidas cautelares, y únicamente deben poner en conocimiento cualquier cambio de domicilio a efecto de notificaciones futuras», comenta el letrado que no oculta su malestar por la forma en que se ha desarrollado todo el dispositivo policial.
Su derecho a no declarar
El abogado, del despacho Proley de Oviedo, representa al exsecretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, los últimos responsables de Formación en las ejecutivas que dirigía, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la responsable de Comunicación, Carmen Caballero, y el trabajador del departamento de Contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C, quienes se acogieron a su derecho a no declarar tanto en la Comandancia de la Guardia Civil, en el cuartel del Rubín, en Oviedo, como en el juzgado que instruye la causa. La sexta persona detenida, Silvia S., trabajadora del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), defendida por el abogado Juan Carlos Rodríguez, ha sido la única que respondió a las preguntas formuladas tanto ante la Guardia Civil como en el juzgado.
Francisco Alonso está revisando toda la documentación facilitada y no ha encontrado argumentos suficientes que avalen los arrestos. «Nos dieron el atestado, pero falta el informe de la UCO que da lugar a la detención, por lo que no sabemos si la UCO lleva a cabo una investigación por su cuenta, sin ser a instancias de la Fiscalía o la juez y las aporta a la causa», corrobora.
Están «descansando y relajándose»
Con un procedimiento judicial en marcha y sin novedades nuevas que hayan trascendido, a juicio del letrado Alonso, «no tiene sentido las detenciones, ni legal, ni humanamente», subraya. Asegura que los representantes de UGT están en sus domicilios cuando fueron arrestados y pasaron la noche en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil en unas circunstancias difíciles, en medio de una gran trascendencia por el revuelo mediático ante la escenificación de los registros y el amplio despliegue policial. «Ahora están descansando en sus domicilios y relajándose. Son hechos que no se superan fácilmente. Están en libertad sin la adopción de medidas cautelares. El auto judicial no dice nada de que estén con cargos, ni sin cargos», incide.
Francisco Alonso reitera que sus cinco patrocinados desconocen cuáles son los delitos que se les imputan, puesto que en la documentación que se le ha entregado no consta. A ello se une que «el fiscal no ha ampliado la acusación hacia ellos», explica el letrado.