Las resoluciones del Servicio Público de Empleo señalaban gastos hinchados en alquiler de locales, facturas de teléfono o material didáctico
23 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado jueves, desde Fitur, dos días después del registro por parte de la UCO de la sede de UGT en Oviedo, el consejero de Empleo recordaba que la administración asturiana ya había revocado subvenciones al sindicato destinadas a los cursos de formación por no haber justificado debidamente parte de los gastos. Blanco puso este caso como ejemplo de que el Principado había actuado con «rigor» en el control de estas ayudas e, incluso con exceso de celo, según aseguro, ya que en determinados casos en el pasado el sindicato había logrado ganado los recursos interpuestos ante los tribunales.
Sin embargo, en dos resoluciones dictadas por el Servicio Público de Empleo fechadas en febrero de 2015, el ya se señalan reparos a la justificación de los gastos presentados por UGT respecto a varios de estos cursos --hasta el punto de que se revocó un cantidad de 410.183,86 euros-- con indicaciones de haber hinchado facturas en el pago de alquileres de locales, facturas de teléfono no debidamente especificadas, además de reclamar la una «declaración responsable firmada por el legal representante de la entidad» para señalar la existencia o no de vinculación entre la fundación IFES-UGT y una serie de empresas beneficiarias de los contratos subvencionados.
La Voz de Asturias ha tenido acceso a estos documentos en los que se detallan que, con cofinaciación del Fondo Social Europeo, se concedió a principios de 2011 una subvención por un monto global superior al millón y medio de euros; en octubre y diciembre de 2014 se requirió más documentación al sindicato sobre las justificaciones económicas de varios gastos y ante «la falta de una justificación adecuada» se procedió a una revocación parcial de la ayuda por el importe de esos 410.183,86 euros.
En concreto, las resoluciones requieren al sindicato a «reajustar los gastos de alquiler» de un local en Oviedo por una diferencia que cifra en exceso de 58.475,72 euros; insta a «eliminar los gastos de alquiler de dotaciones y equipamientos» en aulas de Gijón «al no verificar el contrato de alquiler un precio cierto» y detalla en el anexo el importe que se considera conforme a la legislación. Además, señala que en el caso de un local en Navia también insta a eliminar gastos de alquiler después de comprobar que IFES y la empresa mantiene un contrato de arrendamiento a «un precio menor al del contrato de subarriendo, y cifra la diferencia que debe devolver en 32.495,24 euros.
En otros puntos de la resolución el servicio de empleo señala que toda una serie de facturas telefónicas están carentes de la «documentación firmada por el representante legal de la entidad en la que se especifique el consumo correspondiente a la sede de IFES-UGT», por un valor de 3.089,87 euros. Y respecto a una serie de facturas de la mercantil Formación 2020 S.A señala que deben eliminarse «al tratarse de gastos de importe superior a 12.000 euros y no haberse aportado 3 ofertas de diferentes proveedores previas a la contratación del compromiso». Por último advierte que en los gastos de medios y materiales didácticos se constata la imputación de gastos «con acordes con los recibís de material entregado» por un valor de 830,56 euros y termina instando a que se expida una declaración responsable sobre «la existencia o inexistencia de vinculación entre IFES-UGT y las empresas Localmur, Inastur S.L., Formación 2020 S.A., Atlantis Compañía de Seguros y Edicom» con las que, según el documento, «la beneficiaria celebra contratos subvencionados».
El pasado mes de marzo los abogados de algunas de estas empresas trataron de demostrar en los tribunales que las facturas estaban debidamente justificadas y que los servicios se habían realizado a precio de mercado. Después una tensa semana, en la que se sucedieron el registro de la sede y la detención, y luego puesta en libertad sin medidas cautelares (aunque permaneciendo en calidad de investigado) del anterior secretario general del sindicato en Asturias, Justo Rodríguez Braga junto a otros cinco responsables de la anterior directiva; el actual responsable, Javier Fernández Lanero, afirmó que «todo el personal» desempeña labores vinculadas a la formación. Según Lanero, «el conserje tiene que cargar con cajas, los administrativos tienen que imprimir diplomas de los alumnos de formación, en el área de personal hay que hacer nóminas a profesores y hay que contabilizar las facturas. Discutir eso no tiene ningún sentido». El secretario general de UGT de Asturias insistió en que el sindicato ha entregado ya desde el inicio de la investigación toda la documentación que le fue requerida por los tribunales y calificó de «desmesurada» la actuación de los agentes de la UCO en el registro de la sede el pasado martes.