El Principado supera por primera vez los 20.000 beneficiarios con prestación. Reduce el tapón que se forma desde que se reconoce el derecho hasta que llega la ayuda
24 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Justo en el año en el que la Ley de Dependencia cumple 10 años, el Principado pisa el acelerador. El Gobierno regional ha conseguido incrementar la cifra de asturianos que tiene el derecho reconocido y que ya está recibiendo ayuda. Por primera vez en esta década, la cifra de los beneficiarios que cuentan con ayuda a domicilio, que acuden a un centro de día o que están alojados en un establecimiento residencial ha superado los 20.000. En concreto, son 20.034. Muchos disponen de varias prestaciones diferentes. La más habitual es la que respalda los cuidados familiares seguida de la prevención de dependencia y promoción a la autonomía personal, una categoría amplia que ha crecido de forma considerable en los últimos años.
El estado de la Ley de Dependencia
El número total de solicitudes registradas para acogerse a la Ley de Dependencia asciende a más de 35.000, lo que supone el 2,17% del total registrado en España. Del total, 31.817 ya cuentan con un dictamen, es decir, ya han sido evaluados y ya saben si están encuadrado en alguno de los grados o si su petición ha sido rechazada. Esto supone que hay 3.13 asturianos esperando en la puerta de acceso a la ley. Todavía no han sido atendidos.
Entre los que han conseguido una respuesta, han rechazado a 8.080, al considerar que no reúnen los criterios mínimos para convertirse en beneficiarios. Por el contrario, hay 23.737 que sí tienen derecho a prestación. Es en este punto del proceso donde se forma un nuevo tapón, el conocido como el limbo de la dependencia. Bajo este evocador nombre se encuentran aquellos que tienen derecho a la ayuda pero que continúan a la espera de que el Gobierno del Principado se lo conceda. Ese limbo ha generado áridas polémicas porque son personas que, en realidad, esperan durante meses para se haga efectivo un derecho. Ese limbo mantiene atrapados a 3.703 asturianos. Aunque la cifra puede parecer elevada, lo cierto es que se ha reducido con respecto al 2015.
El Principado puede vender como puntos fuertes el hecho de que haya incrementado la resolución de procesos. Ha atendido casi 32.000 solicitudes, ha incrementado de forma considerable el número de beneficiarios y ha batido un récord en atención de dependientes. En su listado del debe hay otros aspectos. Ha reducido la cifra de personas atrapadas en el limbo pero ese sigue siendo un tapón de un tamaño muy mejorable. Son personas con escasa autonomía personal que necesitan ayuda urgente.
La prestación más extendida en Asturias, al contrario de lo que sucede con otras comunidades, es la ayuda para los cuidadores familiares. La atención residencial y el apoyo de los centros de día o de noche ha caído en los últimos años en la mayor parte de los territorios. En el Principado también se está apostando por esa otra categoría denominada promoción de la autonomía personal. En ese epígrafe, se encuentran la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva, una serie de intervenciones para mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria o planes para presta apoyo a usuarios con discapacidad intelectual o con enfermedad mental para que puedan seguir dentro del entorno familiar y social en las mejores condiciones.
La financiación
En el ojo del huracán de la Ley de Dependencia sigue estando el debate sobre su financiación quién tiene que pagar el qué. Las necesidades reales de los beneficiarios, los planes del Estado y los recursos disponibles están lejos de sintonizar. De media en España, el Estado aporta el 18. En Asturias, está en el 15%. Es decir, del coste del plan individual de atención (pia) -que es el que establece cuál es la mejor prestación para cada dependiente-, el Principado pone el 75%, el Estado el 15% y el 15% restante corresponde al copago de las familias.
Ante este panorama, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, tiene clara su prioridad: negociar un pacto de Estado para revisar, diez años después de su entrada en vigor, el funcionamiento de la Ley de Dependencia y su financiación. Uno de sus objetivos es ver el reparto de la responsabilidad y quién aporta los recursos. El espíritu inicial de la ley era la cofinanciación. En principio, el Estado debía aportar el 50%. Ese horizonte nunca se cumplió. Es más, la tendencia es justo la contraria. Su participación es ya casi residual. Paga lo mismo que el beneficiario.