Mercedes Fernández agita el fantasma de Cascos para eliminar rivales en el Congreso regional

La presidenta del PP en Asturias apela a la responsabilidad colectiva «para garantizar la unidad». Asegura que los sondeos dan al partido como vencedor


Oviedo

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha apelado a la responsabilidad colectiva para garantizar la «unidad» en su partido de cara al próximo Congreso regional, que se celebrará el 18 de marzo, y garantizar así el triunfo de los populares en las elecciones autonómicas previstas para el año 2019. Fernández se ha expresado así ante el Comité Ejecutivo Regional de su partido en la reunión que ha celebrado en Oviedo, la última antes del Congreso Nacional que el PP celebrará en Madrid los próximos 10 y 11 de febrero.

La líder del PP asturiano, que sustituyó a Ovidio Sánchez hace cuatro años tras la escisión que supuso la creación de Foro Asturias por parte del exsecretario general de los populares Francisco Álvarez-Cascos, ha recordado que su partido sufrió ya «demasiados conflictos» con los que su electorado «no se sintió satisfecho». A la espera de que se concrete si al Congreso concurre alguna candidatura más que la de Fernández, tal y como afirmó la presidenta local de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, la líder de los populares asturianos ha recordado ante el máximo órgano de dirección que el electorado premia a los partidos que tienen «unidad de acción».

«Unidad de acción no quiere decir pensamiento único», ha subrayado Fernández, tras reiterar que en el PP «hay sitio para todos, pero no el mismo». Ha asegurado que las últimas encuestas realizadas en Asturias constatan que, a día de hoy, los populares ganarían las elecciones en el Principado como ya hicieron en los comicios generales celebrados en diciembre de 2015 y junio de 2016. A su juicio, el PP debe «tener la casa en orden» y mostrarse como un partido «muy abierto a los ciudadanos para hablar mucho de lo suyo y muy poco de lo nuestro» y abordar «con éxito» la próxima cita electoral en una comunidad como Asturias donde, ha recordado, a su partido «nunca se le regaló ni un centímetro de avance».

En una reunión a la que ha vuelto a asistir tras meses de ausencia y en medio de la crisis abierta en el PP avilesino su expresidente, Joaquín Aréstegui, investigado en el caso Pokemon, Fernández ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia en la Junta General del jefe del Ejecutivo, Javier Fernández, para informar del resultado de la Conferencia de Presidentes. La líder del PP ha recordado que otros presidentes como el de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, pese a disponer de mayoría absoluta, ya han comparecido para informar del resultado de dicho encuentro y que en el caso del jefe del Ejecutivo gallego ofreció además consenso para designar al técnico que representará a su comunidad en el grupo de expertos que analizará la reforma de la financiación autonómica.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Javier Fernández decidiera hoy «por sí y ante sí» pese a la «exigua» minoría de 14 diputados sobre 45 con que cuenta en la Junta General de que dicho puesto recaiga en el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio. «Es un representante que no es ni adecuado ni conveniente y el Gobierno debería haber hecho el esfuerzo de buscar el consenso y no de hacer un nombramiento exprés», ha apuntado la presidenta popular.

En su intervención, en la que ha defendido el acuerdo presupuestario con el PSOE y ha criticado la «pasividad e inacción» del Gobierno regional, Fernández ha rechazado además «el escándalo mediático» montado «por una parte de la izquierda» ante las propuestas del PP para reformar el actual modelo de salario social. «El salario social se podrá percibir este año gracias a que el PP dio a la tecla del sí mientras quienes tantas lecciones dieron pulsaron la del no», ha añadido en alusión a la intención de su grupo de modificar la ley que regula esta prestación de forma que su percepción se vincule al empleo aunque sin contemplar que pueda perderse si el beneficiario rechaza un puesto de trabajo.

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