El plazo de presentación de las candidaturas concluye el 7 de febrero. Ambos catedráticos defienden los principios de sus candidaturas
27 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Al menos dos catedráticos de Derecho se disputarán el cargo del defensor del universitario de la Universidad de Oviedo: Ramón Durán, que en la actualidad ocupa el puesto, y Paz Andrés. Los dos han confirmado a La Voz su intención de presentar su candidatura al Claustro para que sus integrantes decidan. Durán trata de renovar la confianza que depositaron en él hace cinco años. Dice que tiene «la obligación moral» de intentarlo para aprovechar la experiencia adquirida. Recuerda que en este lustro ha llevado más de 1.200 casos que afectan a miles de universitarios y que la cota de satisfacción de los usuarios ha sido muy alta. Andrés, por su parte, presenta un proyecto con dos pilares fundamentales, conseguir visibilizar la figura, ya que cree que apenas se conoce dentro de la institución» y también gestionar un servicio «sin barreras, sin rigideces y sin protocolos».
El plazo de presentación de las candidaturas concluye el próximo sábado, 7 de febrero. El reglamento que rige la figura del defensor del universitario data del año 2005 y establece que es un «órgano comisionado por el claustro para velar por el respeto a los derechos y las libertades del profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios y de quienes, dentro de la comunidad universitaria, desempeñen funciones públicas». Su actuación se regirán por los principios de «independencia y autonomía». Su mandato dura cinco años y solo podrá ser reelegido una vez consecutiva.
Los aspirantes
Paz Andrés tiene en su tarjeta de presentación una amplia experiencia docente y de gestión. Catedrática de Derecho Internacional Público, Andrés fue secretaria general de la Universidad de Oviedo, vicerrectora y candidata al rectorado en dos ocasiones. Fue directora del departamento de Derecho Público y también secretaria del Consejo Social. En este momento de su carrera, reconoce que no volviería a aspirar a ocupar cargos de primera línea en la gestión pero sí cree que su perfil la convierte en una buena candidata para un puesto que supone la defensa de la comunidad universitaria «con independencia e imparcialidad».
Su prioridad es que el servicio «alcance una visibilidad que no ha logrado en los últimos años». Lo ejemplifica con una anécdota: «Hace unos días comentaba con un alumno que estaba barajando la idea de presentarme como defensor del universitario y me preguntó, ¿qué es eso? No había ni oído hablar de ello». También considera que tiene una vertiente que no se ha explotado, que es la de recomendar, sugerir o impulsar. Con la información recogida de docentes, estudiantes y todo el resto del personal, se puede proponer al Gobierno actuaciones de mejora en el día a día que muchas veces pasan desapercibidas en otras instancias. «Con mi talante creo, modestamente, que podría conseguir una mayor proximidad», argumenta también.
Su rival será, al menos, el actual defensor, Ramón Durán. Catedrático de Derecho Civil y exdecano de Derecho, lleva en el cargo desde el año 2011 y afronta la reelección. Durán afirma que tiene «la obligación moral» de presentarse para defender su gestión y aprovechar todo lo que ha aprendido. «He ganado experiencia pero no he perdido ilusión», explica. Su candidatura se basa en lo mucho que ha aprendido sobre el engranaje interno de la institución y también en los altos niveles de satisfacción con el servicio que reflejan las encuestas realizadas entre los usuarios. Reconoce que ha llegado a implicarse de modo personal.
Su prioridad si consigue renovar es conseguir una universidad no tan centrada en la parte administrativa y más humanizada y personalizada, que atienda a las necesidades reales de cada integrante de la comunidad y que no se base solo en fríos reglamentos. Lo dice un catedrático de Derecho Civil y lo ejemplifica. Cuenta que en la defensa de un alumno frente a un profesor, este esgrimió la máxima que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Asegura que él le respondió que también el Código Civil, unos artículos antes hablar de la aplicación con equidad. Defiende que la relación entre los docentes y los estudiantes debe ser más personal y atender a la situación real.