Podemos se resiste a un acuerdo para unificar iniciativas anticorrupción

La cámara aprueba estudiar una reforma de Ciudadanos sobre la Inspección de Servicios y urge buscar criterios comunes pero los morados defienden que se vote su propuesta por separado


Redacción

Por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos, el pleno de la Junta General aprobó la toma en consideración de una iniciativa de Ciudadanos para reforzar la Inspección General de Servicios como un medio para mejorar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el debate del hemiciclo no pasó desapercibido que se trata de la tercera cuestión planteada sobre un mismo asunto --están pendientes de llegar a la cámara una iniciativa de Podemos para crear una Unidad Anticorrupción en la administración asturiana, y también la Ley de Transparencia promovida por el Ejecutivo-- por lo que varios grupos destacaron la necesidad (como había planteado el PP a comienzos de la semana) de refundir los textos y llegar a un acuerdo que unifique en una única ley al menos parte de las propuestas de cada grupo. Esa urgencia en reunir esfuerzos se topó en todo caso con las reticencias de Podemos, cuyo diputado Enrique López, recordó que su propio proyecto deberá someterse a votación pronto y servirá «para retratarse, para ver si quieren limpiar la corrupción o nos vamos a dedicar al maquillaje». López señaló que su grupo prefiere «cuatro leyes bien sistematizadas a una empantanada».

En la Junta de Portavoces celebrada el pasado lunes ya los grupos acordaron buscar le medio para poner en común las tres iniciativas y hasta Ciudadanos se ofreció a plantear a la mesa de la cámara una prórroga en el plazo de presentación de enmiendas a la Unidad Anticorrupción de los morados, que concluía esta semana; pero incluso el lunes ya Podemos reclamó tiempo para consultar internamente sobre esa refundición de iniciativas, recogiendo parte de las propuestas de Ciudadanos y con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno como «percha» principal para el acuerdo en palabras de la presidenta del PP, Mercedes Fernández. Sin embargo, Enrique López adujo que la Ley de Transparencia (cuyos trámites se iniciaron en junio del año pasado) servía al Gobierno para «sacarla cuando se les aprieta», lo que a su juicio sucede en este momento, e insistió en que «ahora toca debatir y votar nuestra propuesta». El diputado morado destacó que, dentro del planteamiento general de su Unidad Anticorrupción, es un eje fundamental «sacar al Ejecutivo de poder nombrar a los órganos fiscalizadores» y añadió que «el actual sistema de libre designación no es sostenible».

La propuesta sometida a debate por Ciudadanos contempla elevar el rango de la Inspección General de Servicios, hasta ser una dirección general, dotarla de más medios y establecer también canales para poder recoger denuncias tanto de ciudadanos particulares como de funcionarios de la administración asturiana, de manera anónima. Sobre este punto incidió el diputado de Foro, Pedro Leal a la hora de defender el apoyo de su grupo a la iniciativa porque «hay que garantizar que no haya temor a represalias, y eso es cierto que lo hay». Por su parte, la diputada del PP, Emma Ramos, defendió que por cuestiones de agilidad los grupos deberían considerar la puesta en común de las distintas iniciativas.

«A esta Junta todos venimos, y esto ahora es algo que le digo al portavoz de Podemos, a hacer lo que nos permite nuestra respectiva representación, ni más ni menos», señaló la diputada socialista Margarita Vega quien coincidió con otros portavoces en tratar de «llegar a acuerdos, de poner orden» ante la «profusión de iniciativas con esta cuestión».

Percepción de la corrupción

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, quien también apoyó tratar de unificar criterios con las tres iniciativas, dado además que la Ley de Transparencia incluye la creación de una Oficina Anticorrupción, afirmó que «la pluralidad debe ser diálogo y acuerdo» y advirtió de que una «dispersión» de iniciativas terminará empeorando la percepción de los ciudadanos sobre la acción parlamentaria sobre este asunto.

Haciéndose eco de los estudios sobre percepción de la corrupción publicados recientemente y en los que España aparece en lugares muy bajos de la tabla, Llamazares destacó que el estudio sitúa a Asturias con una leve mejora respecto a años anteriores pero «por debajo de la media», en el puesto número 12 de 17 comunidades. «No convergemos transparencia y publidad activa, suspendemos; tenemos un insuficiente en cuanto la información de cómo funciona la administración del Principado». En este sentido, el portavoz de IU insistió en que «la percepción de los ciudadanos es que la corrupción avanza  y hay impunidad, no es toda la verdad pero la percepción es algo que sí es importante para los políticos» y por ese motivo urgió a llegar a algún tipo de pacto.

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