Podemos se descuelga del pacto para unificar leyes anticorrupción

Los morados mantiene el trámite de su Unidad contra el fraude mientras el resto de grupos les acusan de quebrar la «eficacia» por «protagonismo»

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Redacción

Hay tres iniciativas legislativas sobre lucha contra la corrupción que deben tramitarse en el parlamento asturiano --La ley de Transparencia del Gobierno, una reforma de la Inspección general propuesta por Ciudadanos y la Unidad Anticorrupción de Podemos--; el PP valoró promover una cuarta pero la semana pasada optó por buscar un acuerdo amplio ofrecido a todos los grupos para refundir los textos en una única ley. Todos los grupos valoraron esta iniciativa aunque Podemos se mostró reticente ya que su Unidad Anticorrupción llegaba a la Junta con los trámites ya casi cumplidos, a punto de recibir las enmiendas para someterse a votación. En la Junta de Portavoces de este lunes, los morados han ratificado su intención de mantener su propio texto entre las críticas del resto de grupos.

El portavoz de Podemos Asturies Emilio León afirmó que el PP «sólo pretende que retiremos la ley» y añadió que si el resto de grupos esgrimen el diálogo para buscar ese acuerdo pueden utilizar «los mecanismos parlamentarios» para introducir enmiendas en la iniciativa morada. León acusó a PP y PSOE de formar parte de un «frente de la corrupción» y señaló que «la ciudadanía nos pide que nos saquemos las manos de los bolsillos y nos pongamos a tramitar leyes», acusó al Ejecutivo de mantener «empantanada» su norma de Transparencia e instó a los partidos mayoritarios a que expliquen por qué votarán no a su Unidad Anticorrupción.

Sin embargo, para el resto de grupos la actitud de Podemos responde a una estrategia con pocos resultados claros. El portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra acusó a los morados de «intentar mantener su protagonismo sacrificando la eficacia por la singularidad» y calificó su Unidad de Anticorrupción como «organismo inútil y poco práctico, tal y como han señalado los especialistas comparecientes» además de asegurar que sería «inviable» como mecanismo de control al Ejecutivo porque «el parlamento no tiene esas atribuciones». Lastra recalcó que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno (cuyo trámite se inició en junio del año pasado) por ser una norma del Ejecutivo tiene «unos trámites complejos y unos tiempos tasados» frente a las iniciativas de los grupos a los que les basta presentarlas en la cámara «y ya». Así aseguró que «la iniciativa legislativa del Gobierno está siendo relegada por la iniciativa parlamentaria» y apuntó además que en ocasiones frente a normas con déficit de calidad.

En este sentido, el portavoz socialista señaló que su grupo seguirá buscando un acuerdo de unificación de las distintas propuestas de ley porque «es un objetivo razonable y sensato».

Por parte de IU, su portavoz Gaspar Llamazares señaló que su grupo había presentado hasta 50 enmiendas a la Unidad Anticorrupción de Podemos que, si como previsiblemente resultará rechazada, si incorporarán al debate en la Ley Transparencia y la reforma de la Inspección General de Ciudadanos. Llamzares señaló que IU ya había propuesto una Oficina de este tipo la pasada legislatura «una reducida, no un gran organismo, que no tuviese solapamientos con la Fiscalía y que fuese ágil» y lamentó que no se hubiera logrado el acuerdo para reunificar las iniciativas aunque manifestó su esperanza de que se lograra en el trámite parlamentario.

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández señaló que el artículo 66 del reglamento de la cámara hubiera permitido que se presentara una iniciativa común con un representante de cada grupo en la ponencia y cargó contra la negativa de Podemos a acordar la fusión de iniciativas porque era «un no que ya tenían adoptado. A este debate le venía bien tener la bandera de todos pero ellos han preferido quedarse con un banderín y en vez de un texto legal prefieren el discurso» algo que, a su juicio, sitúa a los morados en prácticas propias de «la marginalidad parlamentaria».

En términos similares se pronunció la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto quien afirmó que, al desligarse de la propuesta de acción común, Podemos pretende «colgarse la etiqueta de Mister Proper, que lava más limpio» e insistió en que la actitud de los morados no se explica «por convicción sino por estrategia». Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, recordó que su iniciativa para dotar de más recursos a la Inspección General había recibido el apoyo unánime de la cámara para ser tomada en consideración y que con ese mismo espíritu habían tratado de refundir los textos de el resto de grupos pero que no fue posible «por razones de tipo político». A su juicio se trata de «reforzar los mecanismos que ya tiene la administración» y señaló que no era «bueno» que coincidieran tres leyes sobre un único asunto.

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