El exvicepresidente puso en venta la vivienda un año después de que finalizase su construcción
10 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Oficina Antifraude, la ONIF, ha remitido al juez un demoledor informe en el que describe las prácticas presuntamente delictivas del exvicepresidente del Gobierno. El político asturiano habría puesto en marcha una maraña societaria a través de cuyas redes habría defraudado 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. El informe especifica que Rato habría blanqueado 700.000 euros mediante la construcción del polémico chalet de Cabueñes. Y que su actividad como conferenciante le habría producido pingües beneficios: llegó a cobrar 60.000 euros por una conferencia en Oviedo en 2009.
La ONIF atribuye a Rodrigo Rato un delito de blanqueo de capitales. Y especifica tres operaciones concretas, entre ellas una inversión de 700.000 euros en el chalet en Cabueñes, que el exvicepresidente se construyó entre los años 2010 y 2011. La investigación de la ONIF coincide con las tesis del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que en septiembre de 2015 mantuvo que Rato derivó fondos ilícitos para construir la casa.
La vivienda, de 350 metros cuadrados, fue puesta a la venta solo un año después de su finalización. En junio de 2012, Rato encargó a una inmobiliaria que le vendiese el chalet. La casa de verano, ubicada en el Camino de la Pontica, consta de un salón y seis dormitorios, seis baños y garaje para tres coches, además de bodega y una parcela de 1.609 metros cuadrados. Rato aspiraba así a obtener unos beneficios del 50% en la venta: los 700.000 euros invertidos se podían convertir en un millón de euros, que era el precio que la inmobiliaria solicitaba. El exresponsable de la FMI retiró finalmente la oferta. La comercialización coincidió con un problema de licencias de la cubierta del chalet. Aunque Rato tenía permiso para hacer el tejado de teja, lo revistió de cobre, lo que le costó un expediente del Ayuntamiento de Gijón.
La defensa de Rato barajó avalar la fianza impuesta por el juez Andreu de tres millones de euros por el caso de las tarjetas black con el chalet. Finalmente, Rato presentó un aval bancario para evitar el embargo. La ONIF especifica otras dos operaciones por los que atribuye a Rato un delito de blanqueo de capitales: la inversión en un hotel en Berlín inicialmente estimada en 8,4 millones, que posteriormente recalculó en 3,5. También una inversión de 1,19 millones de euros en un hotel en la localidad toledana de Layos.