El plan autonómico para el medio rural, aprobado hace dos años, incluye 135 acciones para relanzar la población y la actividad
19 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Hace casi dos años, en marzo del 2015, cerca ya de las elecciones autonómicas celebradas el siguiente mes de mayo, el Principado presentó su actual estrategia para el medio rural asturiano. El Gobierno autonómico, preocupado por el declive económico y demográfico de grandes áreas del interior de la comunidad, había encargado un estudio de la situación y una propuesta de medidas para combatirla a un equipo de cinco profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que dedicaron más de un año a la tarea de preparar esa gran radiografía del 80% del territorio de Asturias. El trabajo identifica 10 ejes de actuación, propone 96 medidas y enumera 135 acciones concretas que el Ejecutivo autonómico, en el marco de sus competencias, puede poner en marcha en los próximos 15 años. Pero no hace ninguna mención a posibles cambios en la fiscalidad, más allá de pedir mecanismos capaces de facilita el mantenimiento de la actividad económica en el campo.
El estudio, en realidad, sí incluye algunas recomendaciones para conseguir una simplificación de los trámites administrativos e incentivar la colaboración entre los diferentes peldaños del Estado en los concejos rurales. Pero no entra en honduras ni propone unos métodos nuevos y concretos para lograrlo. El presidente regional, Javier Fernández, sí ha empezado a incluir en sus discursos importantes sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de Asturias referencias a la necesidad de poner coto a la «bomba demográfica» que amenaza a la región. La proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la población caerá por debajo del millón de habitantes antes del 2030.
Asturias comparte experiencia y busca funcionar como grupo de presión ante el Gobierno central con el resto de las regiones del norte de España que se enfrentan al mismo problema. Galicia, Castilla y León y Aragón son las más activas. Su actividad se notó en la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos. Mariano Rajoy accedió en ese foro al nombramiento de una comisionada del Gobierno central para evaluar el problema y proponer acciones enmarcadas en las competencias del Estado.