El exconsejero y María Jesús Otero declaran por presuntas irregularidades en la compra de material para centros escolares
21 feb 2017 . Actualizado a las 14:07 h.«Soy inocente». El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, se ha tropezado con un tropel de periodistas. Los profesionales acudían al juicio por la brutal muerte del bebé Imran, cuyo cuerpo apareció en una maleta. El exconsejero, por su parte, entraba en el juzgado de instrucción número 4 a declarar en la fase de instrucción de una pieza separada del caso Marea, ya juzgado y pendiente de sentencia. En esta pieza separada se investigan presuntas irregularidades en la gestión de 87 colegios públicos asturianos. Fue conciso y claro. Solo pronunció esas dos palabras: «Soy inocente».
El Gobierno Principado abrió una investigación interna en el verano de 2015. En esa auditoria cotejó el material suministrado a 87 centros entre los años 2009 y 2010, cuando Riopedre aún era consejero. El resultado al que llegó es que existe un desfase de hasta nueve millones de euros entre los recursos que se compraron y los que realmente llegaron a los colegios. El exconsejero llegó al juzgado acompañado por su abogado, Sergio Herrero. Por su parte, María Jesús Otero, la que fuera su directora general Planificación y Centros y que está encausada en la pieza principal de Marea, apareció compañada de su letrada, Ana Muñiz. También coincidieron con Víctor Manuel Suárez, de Igrafo, representado por Miguel Valdés-Hevia.
La declaración
Ya en sede judicial, el exconsejero de Educación y su número dos en el departamento se han declarado inocentes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 que los ha interrogado por su supuesta participación en irregularidades en la entrega de material a colegios. Rioprede ha dicho a la juez que el trámite de las contrataciones de los materiales no era de su competencia y que pasaba por todos los filtros de cada escalafón de la consejería hasta que le llegaba a él para firmar.
Los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), que también son investigados por esta causa, se han acogido al derecho de no declarar. Al final de los interrogatorios, sus abogados Miguel Valdés Hevia y Javier Dapena, respectivamente, ha rechazado que sus clientes tuvieran algún de tipo de connivencia con Riopedre y Otero. Han explicado que sus defendidos no han declarado por «prudencia» al estar la investigación en un momento «muy prematuro» y, sobre todo, por ser «la reproducción de algo que ya se ha juzgado», en referencia al Caso Marea, en el que los cuatro investigados están también implicados y que están pendientes de conocer la sentencia.
DaPena ha afirmado que la fiscal del caso, que lleva los temas de corrupción, hace bien su trabajo al presentar una denuncia al ver indicios de delito ante la información que le traslada la administración regional. «Creo que la actuación de la administración del Principado no es ni leal, ni ética, ni desde luego consecuente jurídicamente porque carece totalmente de sentido», ha subrayado DaPena, que ha indicado que en este caso existe «una motivación secundaria bastante cercana a lo político».
Por su parte, Valdés Hevia ha señalado que la actuación del Principado se debe más a una acto de «negligencia» que a otro tipo de motivos políticos y ha explicado que la instrucción se dilatará en el tiempo ya que la juez ha pedido los nombres de los 87 directores de los colegios.
Los cuatro, pendientes de la sentencia del caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, han sido llamados a declarar por la titular de este juzgado.