Consumo teme que 20.000 demandas por cláusulas suelo colapsen los juzgados asturianos

El consejero promete que el Principado «estará vigilante». Podemos e IU reclaman un «defensa activa» de los afectados

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto
El consejero de Sanidad, Francisco del Busto
La Voz
Oviedo

La Agencia de Consumo del Principado estima que el número de demandas judiciales que podrían plantearse en Asturias como consecuencia de la anulación por los tribunales de las cláusulas suelo se elevaría a unas 20.000 con el consiguiente «colapso» en los juzgados encargados de tramitarlas. Este dato lo ha facilitado el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, en el pleno de la Junta General del Principado en sus respuestas a una interpelación y una pregunta planteada por los grupos parlamentario de Podemos y de IU. Ambas formaciones han reclamado del Gobierno regional una posición más activa en defensa de los derechos de los consumidores a los que los bancos impusieron dichas cláusulas en sus créditos hipotecarios y han criticado el sistema extrajudicial creado por decreto del Ejecutivo central tras alcanzar un acuerdo con el PSOE.

Según Del Busto, el Principado estará «vigilante» para que se constituya el órgano de seguimiento y control previsto en dicho decreto y que se emitan los controles semestrales preceptivos sobre la evolución del número de reclamaciones resueltas. Además, ha defendido la actuación del Principado en este ámbito en los últimos años en los que, ha asegurado, fue «la única comunidad autónoma que apostó claramente por una lucha activa a favor de los ciudadanos y en contra de las cláusulas abusivas». A su juicio, el Gobierno regional «ha informado adecuadamente, aunque siempre se puede hacer más» y ha incidido en que la Agencia de Consumo viene requiriendo desde hace años a las entidades bancarias que eliminen esas condiciones de las hipotecas.

La Agencia logra la retirada de más de 1.000 claúsulas suelo

La mediación de la Agencia, ha subrayado, ha logrado la retirada de más de 1.245 cláusulas suelo y la devolución a los afectados de las cantidades indebidamente abonadas. Ello sería resultado de una medida de protección de los derechos de los consumidores que sólo se aplicó en Asturias desde 2013 tras la sentencia inicial del Tribunal Supremo que consideró abusivas estas cláusulas.

Por el contrario, para la diputada de Podemos Rosa Espiño, con el decreto que regula la solución extrajudicial de dichas cláusulas tanto el PP como el PSOE se han colocado «del lado» de los bancos a los que el Gobierno central acudió a defender ante el Tribunal de Justicia de la UE cuando cuestionó la legalidad de las mismas. «A los ciudadanos no les queda claro si ustedes eligen al presidente de Liberbank o si el presidente de Liberbank les elige a ustedes», ha advertido Espiño ante de cuestionar que las campañas informativas del Principado sean efectivas para llegar a la población más envejecida o a quienes disponen de menos información. De esta forma, ha apuntado, «quedarán fuera los que no tienen recursos ni información» en un proceso en el que los juzgados se colapsarán y se mercantilizará «lo que debería ser la defensa pública de los consumidores» después de que el Principado impusiera a los bancos sanciones que en ningún caso superaron los 8.000 euros.

Para la diputada de IU Marta Pulgar, el conjunto de los poderes públicos no ha estado «a la altura» empezando por el Banco de España «permisivo con una macroestafa» y por el Tribunal Supremo. Pulgar ha emplazado al Gobierno regional a definir de forma urgente una estrategia de información, asesoramiento e inspección coordinada con las asociaciones de consumidores. 

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