Una nueva declaración del «abrelatas» revitaliza la investigación del caso Aquagest

Raúl Álvarez OVIEDO

ASTURIAS

Joaquín Fernández Díaz, imputado en el Caso Pokemon
Joaquín Fernández Díaz, imputado en el Caso Pokemon PRADERO

El exvicesecretario del PP asturiano Joaquín Fernández, principal imputado por la trama en el Principado, está citado a finales de este mes

12 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El caso Pokemon arde a fuego lento y en dos fogones distintos para los implicados asturianos. El plato principal de la investigación para desenredar la trama de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos se cocina en el juzgado de Lugo que ocupa la juez gijonesa Pilar de Lara. El acompañamiento, mientras tanto, acaba de prepararse en el juzgado de Avilés que se ocupa de los manejos de la empresa Aquagest para conseguir obras y encomiendas de servicios en el Ayuntamiento de Corvera. Desde el final de la ronda de comparecencias ordenada por De Lara en los primeros meses del 2016, el caso ha generado pocos titulares. La instrucción no se ha detenido, pero ha atravesado una fase de lucha de las defensas de los imputados por oponerse a las decisiones de la magistrada con recursos ante la Audiencia Provincial de Lugo. Casi todas las decisiones de esa instancia, sin embargo, han respaldado las iniciativas del juzgado. Despejados esos obstáculos, se esperan nuevos avances en las próximas semanas. Para el conocimiento de los delitos presuntamente cometidos en Asturias, la nueva etapa del caso significa una vuelta a los orígenes, es decir, al interrogatorio del exvicesecretario de comunicación del PP regional y expresidente del partido en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández.

La detención de Fernández en febrero del 2013, realizada al mismo tiempo que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera a las órdenes de la juez De Lara realizaban un registro para analizar el contenido de varios ordenadores en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, fue la alarma que puso sobre aviso a la sociedad asturiana de la extensión hacia la comunidad del entramado de relaciones turbias entre la política y los negocios que desde el año anterior ya se investigaba en Galicia. Desde el 2003, Fernández había trabajado en diversas funciones administrativas y comerciales para Aquagest, una filial de Aguas de Barcelona (Agbar, ahora también parte de la multinacional francesa Suez). Ante sus superiores en la firma se presentaba como un abrelatas político, el conseguidor que, gracias a sus contactos en la dirección autonómica y las juntas locales del PP, podía inclinar en su favor los concursos para la privatización de los servicios de aguas y la adjudicación de obras relacionadas con su mantenimiento que, a partir del cambio de siglo, empezaron a promover ayuntamientos ávidos de ingresos.

Por eso no fue extraño que el primero en caer con él fuera el exalcalde Pravia Juan Carlos Guerrero, que, sin embargo, no aparece en el sumario a raíz de su gestión en ese municipio, sino de su labor como asesor en otro municipio durante la etapa de gobierno del PP en él: Cangas del Narcea. De la mano de Henry Laíño, el responsable de las operaciones en el noroeste de España y protagonista destacado de las investigaciones de la juez De Lara por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa, la figura de Fernández se hizo conocida en las altas esferas de la empresa. El asturiano cumplía. Dos directivos del grupo, en una conversación telefónica intervenida y transcrita por orden de la magistrada e incorporada al sumario del caso, lo definieron como «más facha que Franco» al mismo tiempo que reconocían su habilidad para arreglar tratos en los concejos asturianos.