La defensa del exsindicalista plantea una oleada de diligencias que podrían dilatar el proceso durante meses
14 mar 2017 . Actualizado a las 16:29 h.Si hace ocho días el exlíder minero José Ángel Fernández Villa demostró que su estado físico y mental podía afrontar un interrogatorio en un juzgado, la estrategia de su defensa ha añadido un escalón más. La letrada Ana García Boto ha reclamado en un escrito una oleada de diligencias que podrían dilatar el proceso durante meses. Desde declaraciones de 34 miembros de la junta administrativa del SOMA a pruebas periciales. La conocida tozudez de Villa ha renacido.
La abogada del exsindicalista ha presentado en el juzgado de instrucción de Oviedo un escrito en la que reclama más diligencias de investigación. El objetivo es demostrar que Villa no se llevó ni un solo euro. El listado es amplio. Exige los originales de la totalidad de las facturas de las compras realizadas con las tarjetas de crédito de las que fue titular Villa. Se trata de 17 tarjetas cuyos gastos tuvo que soportar el SOMA.
También pide que el sindicato minero dé fe de la totalidad de los recibos justificativos del cobro de dietas por asistencia de sus sindicalistas a las reuniones de los comités intercentros de Hunosa de 2001 a 2013, «identificando a los perceptores de las dietas al objeto de ser citados a testificar sobre incidencias en el cobro de las mismas». Y también le pide a su antiguo sindicato los libros de contabilidad de esos años y las agendas del secretario general, «para que la defensa pueda acreditar que todos y cada uno de los gastos de representación que se han cargado en las cuentas del SOMA obedecen al día a día de su actividad sindical».
Pero todavía hay más. La estrategia también pasa por una tormenta de pruebas periciales. Una caligráfica, ya que Villa aseguró ante la jueza Simonet Quelle que su firma fue falsificada. La abogada asegura que tanto la exsecretaria de Villa, Carmen Blanco como José Antonio Postigo apuntaron a Juan Cigales, el excontable del sindicato como el autor de las firmas. Y más pruebas. Se trataría de comprobar los pagos soportados por el SOMA como consecuencia del uso de las tarjetas de crédito y otros gastos cargados por otros medios de pago, como transferencias y pagos en efectivo. 34 sindicalistas del SOMA tendrían que se llamados a declarar. Y una persona más: Ricardo Antuña, «al ser éste el único miembro de la junta administradora que puso reparos al firmar las cuentas del SOMA».