Un nuevo varapalo judicial para Villa

La jueza deniega las diligencias solicitadas por la defensa que habrían dilatado el proceso. La magistrada sostiene que «carecen todas ellas de utilidad y transcendencia»

José Ángel Fernández Villa llega al juzgado acompañado por su mujer y su abogada Ana, Boto
José Ángel Fernández Villa llega al juzgado acompañado por su mujer y su abogada Ana, Boto
efe
Redacción

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha denegado la totalidad de las diligencias solicitadas por la defensa del ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa en la causa abierta por la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato.

En un auto, la magistrada determina que las diligencias probatorias interesadas por la defensa «carecen todas ellas de utilidad o transcendencia alguna para la instrucción».

Entre dichas diligencias denegadas se encuentra la petición a Hunosa de todas las actas de los comités intercentros entre los años 2001 y 2003, donde Villa está acusado de apropiarse de las dietas destinadas a los representantes sindicales, o la solicitud a Liberbank de la totalidad de las facturas de las compras realizadas con las tarjetas relacionadas con el exlíder sindical.

En el caso de las actas, la jueza subraya que «no se acredita su utilidad o necesidad para la presente instrucción», ya que «no se cuestiona o no se discute la persona o personas que acudían a tales reuniones» sino que «lo realmente revelante» es determinar «quién cobraba las cuotas».

Respecto a la solicitud de facturas a Liberbank, la magistrada expone que éstas «obrarán en poder, en primer lugar del establecimiento vendedor y en segundo lugar del comprador», y no de la entidad financiera, que en todo caso podría disponer de los extractos bancarios.

La defensa de Villa también solicitaba una pericial caligráfica judicial para probar que la firma que figura en algunos cheques y transferencias no corresponde a la del exlíder sindical, algo que la magistrada también deniega ante «la imposibilidad material de que la misma pudiera resultar determinante para la causa».

Debido al paso del tiempo y a la pérdida de «destreza» por una artrosis en la mano derecha de Fernández Villa, la jueza considera que podrían darse «dos posibles caligrafías diferentes efectuadas por la misma persona, lo que priva de eficacia la pericial caligráfica que pudiera realizarse».

La titular del Juzgado también rechaza dicha prueba porque «los testigos que han ido declarando a lo largo de la instrucción han puesto de manifiesto cómo en ocasiones se firmaba por José Ángel Fernández Villa porque éste lo mandaba así, extremo éste que reconoció el propio investigado en su declaración», subraya el auto.

La defensa del que fuera secretario general del SOMA-UGT durante más de 35 años también proponía 34 testigos, de los que la jueza dice desconocer su posible relación con el procedimiento, más allá de que trabajaban en la sede del sindicato.

Por ello, la magistrada considera que «no puede determinarse qué intervención han podido tener 'en la aprobación o reparos' con las cuentas del SOMA como se solicita», máxime si se tiene en cuenta la descripción de Fernández Villa realizada por diversas personas que han declarado ya en la causa.

Algunas de estas expresiones para referirse al exlíder sindical y su forma de actuar -recuerda la juez- son las de «el amo»; «quitarse a gente cuando no cumplía con las ordenes que se decían»; «Villa era el que mandaba en el SOMA-UGT, no le controlaba nadie, él lo hacía todo», o «tú apunta y calla».

La juez añade que, en su declaración, el propio investigado llegó a manifestar que «él era el único que pasaba con la puerta abierta», «que nunca le pusieron límite, había flexibilidad respecto a los gastos del secretario general», o «que durante 30 años que estuvo al frente del sindicato nadie se había atrevido a decirle nada».

La magistrada deniega las peticiones de la defensa «partiendo de que el juez instructor ha de rechazar la práctica de pruebas o diligencias de investigación que sean impertinentes, inútiles, dilatorias o intranscendentes a lo que es la fase de instrucción».

La práctica de estas diligencias fue solicitada por la defensa de Fernández Villa, después de que éste declarara el pasado 3 de marzo como investigado ante la magistrada.

Fernández Villa, que rechazó ante la jueza haberse llevado dinero de la organización, declaró ante el Juzgado después que el SOMA-UGT presentara en septiembre de 2015 una querella contra el exlíder sindical reclamándole la devolución de 360.000 euros, ampliados después hasta 420.000, en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato por asistir a reuniones del comité intercentros de Hunosa.

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