El Gobierno pide al Congreso elevar del 10% al 50% del precio original el margen para los modificados

Unidos Podemos y Ciudadanos se oponen a dar ese margen a la subida de los costes para la administración en la revisión de la ley de contratos

Mercedes Fernández, Mariano Rajoy y Luis Venta
Mercedes Fernández, Mariano Rajoy y Luis Venta

Oviedo

La reforma de la legislación sobre contratos del Estado que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy ampliará el margen de las modificaciones que se pueden introducir sobre las condiciones acordadas a la hora de adjudicar una obra pública. La ley actual, aprobada en el 2011, limita al 10% el encarecimiento que puede registrar una obra. Si la constructora propone cambios que superen ese margen y la administración rehúsa admitirlos, puede rescindirse el contrato y volver a empezar la licitación desde cero. El cambio, admitido a trámite en el Congreso el pasado diciembre, proponen elevar ese margen hasta un 50% del precio original. Los defensores de la medida la presentan como una forma de ampliar el margen negociador entre las administraciones y los contratistas de sus obras. Los demás temen que abra la puerta a otra espiral como la de la pasada década, en la que las empresas presentaban ofertas a la baja para ganar los concursos y a continuación pedían modificaciones que, en algunos casos, sobrepasaban con mucho el precio original de la licitación.

España debe acometer el cambio en la legislación sobre los contratos públicos para adaptar a su normativa nacional tres directivas europeas aprobadas a partir del 2014, pero en ningún lugar está escrito que deba asumirse ese margen de elevación de los precios. En realidad, lo más probable es que el texto enviado por el Ministerio de Hacienda al Parlamento sufra alteraciones. Aunque no se reunieron los votos suficientes para que prosperara una enmienda de totalidad presentada por Unidos Podemos, todos los grupos del Congreso expresaron reparos sobre la propuesta y casi todos señalaron que solo la aceptaban para no alargar la tramitación pero anunciaron que pedirían cambios. Tanto Podemos como Ciudadanos han afirmado reiteradamente que no cederán en su oposición a ese aumento tan grande en los modificados.

El Gobierno también asegura que su propuesta aumentará la transparencia en las adjudicaciones. Su proyecto prevé la eliminación del procedimiento negociado sin publicidad, que permitía entregar de manera los contratos menores (con cuantía inferior a 200.000 euros) por otro procedimiento abierto y simplificado que podrá resolverse en un mes para acelerar la resolución de los concursos. Hacienda asegura, además, que para facilitar la participación de las pymes se permitirá trocear las obras en lotes más pequeños.

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