El frente formado por 18 organizaciones sociales y dos políticas reclama presupuesto y calendario para once grandes obras. Javier Fernández encabeza las reivindicaciones
23 mar 2017 . Actualizado a las 20:52 h.El presidente del Principado, Javier Fernández, ha cerrado una alianza «sensata y de justicia» para apremiar al Gobierno central la finalización de las principales infraestructuras pendientes, un «éxito» al que se han sumado dieciocho organizaciones sociales y dos políticas (PSOE e IU). «El entendimiento está infravalorado, tanto como se sobrevalora la beligerancia. Aquí se piensa que quien consensúa se rinde o regala un tanto. Poner la mano en un acuerdo quema», ha señalado Fernández tras la firma de un acuerdo que comenzó a negociarse en noviembre y del que se descolgaron PP, Podemos, Foro y Ciudadanos.
Las reivindicaciones
El documento se estructura en tres niveles y otorga la máxima prioridad a una serie de obras para las que se exigirá al Ministerio de Fomento un calendario de compromisos en un plazo máximo de tres meses y que requieren un sustancial compromiso inversor del Estado. Entre ellas figuran la apertura de uno de los túneles de la Variante de Pajares y acometer la dotación del segundo; la licitación del tramo ferroviario entre León y La Robla; la elaboración de un Plan de Cercanías; la resolución de la integración ferroviaria en Gijón, Avilés, Oviedo y Langreo y la culminación antes de 2019 de la autovía A-63 hasta La Espina. A estas prioridades se añaden la recuperación de la autopista del mar Gijón-Nantes y resolver los accesos a los puertos de Gijón y Avilés, un conjunto de obras que concitan «un consenso básico» tras décadas de hablar de la «marginación» de Asturias, según Fernández.
Argumentos
Se trata, a su juicio, de un texto «vivo» respaldado por «una notable mayoría social» que no plantea nada «irracional ni gratuito» y que Asturias tiene autoridad «moral» para reclamar del Estado tras muchos años «de demoras y omisiones en las obras públicas». Según el jefe del Ejecutivo regional, el traslado del contenido al Ministerio de Fomento permitirá comprobar hasta dónde llega el grado de compromiso del Gobierno central dado que, ha subrayado, «no se trata de hacer oposición» a un Ejecutivo, algo que se hace «en otros lugares», sino de pedir agilidad para las obras necesarias. En su opinión, esta alianza supone unirse en la defensa de un interés común sin abdicar de posiciones particulares y no «una trama urdida contra el Gobierno de España» dado que «pedir con sensatez lo que es de justicia no debe ser entendido como una agresión».
«Es más fácil discrepar o marginarse que sumarse al entendimiento», ha señalado Fernández antes de agradecer su apoyo a los firmantes de un pacto que, según el director general de FADE, Alberto González, sitúa a quienes lo han suscrito «en el mismo bando» y responde «a un clamor» al que, quienes no se han sumado, deberán explicar «por qué no están». Para González, esta alianza «es la fotografía de la colaboración» que debería extenderse a otros ámbitos y busca pedir para Asturias «el mismo trato que otras zonas de España» en infraestructuras.
En la misma línea el coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha incidido en la demostración de «madurez» que supone «dejar de lado intereses partidistas» para sumarse a un acuerdo sobre unas reivindicaciones «legítimas» compartidas por la sociedad.
Para el secretario general de UGT-Asturias, Francisco Javier Fernández Lanero, en el pacto están todos los que «sin demagogia» aspiran a que Asturias «se desarrolle» mientras que su homólogo de CCOO, Antonio Pino, ha señalado que las infraestructuras se reclaman «con unidad y no discrepancia» y ha abogado porque se incorporen las formaciones políticas que renunciaron a hacerlo.
Tras una primera fase de conversaciones cerrada con acuerdo con dieciocho agentes sociales y económicos vinculados con las infraestructuras -incluidos UGT, CCOO, FADE, Cámaras de Comercio y consumidores-, el Gobierno inició los contactos con los grupos parlamentarios, a los ya desde el inicio rechazó sumarse el PP.
Los populares cuestionaron la idoneidad de la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, para liderar el proceso y mostraron su rechazo a sumarse «a ningún frente común contra nadie» mientras que Foro, tras asistir a un primer encuentro, abandonó la negociación al considerar que el documento carecía de «ambición».
Finalmente Podemos rechazó también el acuerdo al considerar que el texto no había incorporado sus propuestas, el mismo argumento utilizado por Ciudadanos aunque en ambos casos el PSOE rechazó esas afirmaciones y aseguró que al documento sí se habían añadido determinadas iniciativas planteadas por ambos grupos.