María Jesús Álvarez, primera consejera reprobada de la legislatura

Todos los grupos, excepto el PSOE, han respaldado la iniciativa presentada por el PP

 La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez

Redacción

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, se ha convertido hoy en el primer miembro del Gobierno regional reprobado por la Junta General del Principado en la actual legislatura al respaldar todos los grupos, salvo el PSOE, una iniciativa en este sentido presentada por el PP.

Álvarez ya había superado un intento de reprobación por parte del PP en el actual mandato de la Cámara autonómica, una figura sin efectos prácticos utilizada en cuatro ocasiones por la oposición en la anterior legislatura de las que sólo prosperó la dirigida a la entonces consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

En este caso, la iniciativa hace alusión a la «mala gestión» de Álvarez ante los problemas que afectan al medio rural asturiana y, en concreto, a su «incapacidad» para resolver el problema del colectivo de veterinarios encargados del saneamiento ganadero despedidos por la empresa pública Tragsatec.

Según el diputado del PP Luis Venta, la encomienda de gestión realizada por el Gobierno a la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) para la nueva campaña de saneamiento no ha resuelto el problema de un colectivo al que un acuerdo político suscrito en 2005 reconocía el derecho a que se encargasen de dicha tarea que, antes de esa fecha, realizaban directamente para la Consejería.

Tras el despido de 34 trabajadores a consecuencia del ERE aplicado en Tragasatec, dieciocho de esos veterinarios perdieron su empleo y, tras el encargo al Serpa para que se ocupe este año de una parte de la campaña de saneamiento, dicha empresa ofertó únicamente diez plazas en unas condiciones laborales que fueron rechazadas mayoritariamente por los integrantes de ese colectivo.

«Es inaceptable que esta Consejería haya echado a pique un acuerdo de todas la fuerzas políticas adoptado hace doce años», ha señalado Venta tras subrayar que, para su grupo, los compromisos que se alcanzan en la Junta «no son papel mojado», y de acusar a Álvarez de «burlarse» de los trabajadores y de «poner en jaque» a la cabaña ganadera.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Marcelino Marcos Líndez ha advertido de la contradicción que supone que el partido «responsable» del ERE aplicado en Tragsa que desencadenó el conflicto, el PP, plantee ahora la reprobación de una consejera y pida explicaciones por la gestión del Gobierno regional.

«Todo lo que ha ocurrido no habría pasado si Tragsa no hubiera aplicado el ERE y despedido a 34 trabajadores en Asturias», ha señalado el diputado socialista que ha lamentado que el parlamento repruebe a una consejera «por negarse a prevaricar».

A su juicio, los grupos que han respaldado la moción «defienden posicionamientos políticos, pero no legales» dado que las sentencias judiciales han reconocido como extinguida la relación laboral entre ese colectivo y la Consejería y ha preguntado al PP si estaría dispuesto a «firmar» formalmente que se llevase a cabo la subrogación de estos trabajadores a partir «de un acuerdo político».

Para la diputada de Podemos Paula Valero, ese grupo se ha visto afectado por las sucesivas reformas laborales después de que la huelga que llevaron a cabo en 2005 obligara al Gobierno regional de entonces a asumir unos compromisos «que no se están cumpliendo» por parte del Ejecutivo actual que ahora pretende «fracturar» al colectivo con una oferta de diez plazas.

Por su parte, la parlamentaria de IU María Josée Miranda, cuyo grupo había amenazado también con reprobar a la consejera por este mismo asunto, ha admitido sentirse «mal» dado que le resulta desagradable «decirle a alguien lo mal que lo hace» y ha incidido en que la iniciativa se refiere a un tema concreto y no puede contemplarse como «una moción de censura» a toda su gestión.

«Ni todos los buenos son tan buenos, ni todo los malos son tan malos», ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, tras recordar que fue el Gobierno del PP el que aprobó el ERE en Tragsa y considerar «negativo» el balance global de gestión de la consejera.

Para la forista Carmen Fernández, la titular de Desarrollo Rural debería ser reprobada «más por sus prácticas generales que por un asunto concreto» tras haber demostrado una «absoluta ineficacia» en su actuación al frente de la Consejería.

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