Hacienda descarta subir otros impuestos para compensar las pérdidas por sucesiones

Carcedo afirma que el 99% de los herederos directos no pagarán el tributo y estima que donaciones y patrimonio equilibrarán la recaudación

Dolores Carcedo y Guillermo Martínez
Dolores Carcedo y Guillermo Martínez

Redacción

La reforma del impuesto de sucesiones y donaciones en Asturias pactada entre el Gobierno y el PP entrará en vigor en varias fases. La exención para las herencias directas hasta 300.000 euros será aplicable desde el 1 de junio, mientras que otras modificaciones incluidas en el acuerdo (en las relativas a donaciones se reducen de 17 a 7 los tramos y se rebajan los tipos para facilitar las transmisiones en vida) serán vigentes a partir del 1 de enero de 2018. En la memoria económica del anteproyecto de ley, la Consejería de Hacienda hace una estimación del impacto que tendrá en la recaudación de los ingresos de la administración pública asturiana que cifra en 10,5 millones de euros anuales. Pese a todo, la consejera Dolores Carcedo descartó que esa merma en la recaudación pueda suponer un estrago en la financiación de los servicios públicos y también señaló que el Ejecutivo «no tiene previsto» subir ningún otro tributo para compensar esa pérdida y que, en todo caso, el Ejecutivo «siempre toma estas decisiones en base a la progresividad y la eficiencia financiera».

La exención para las herencias de 300.000 euros supondrá de facto que «el 99% de los herederos directos no pagarán el impuesto», señaló la consejera quien destacó que la modificación es fruto del acuerdo con el PP pero también recoge medidas ya incluidas en el programa de legislatura del PSOE, singularmente la intención de eliminar el denominado «error de salto». En este sentido destacó aspectos del anteproyecto como las bonificaciones para la transmisión de empresas (con el compromiso del mantenimiento del negocio y la plantilla por 5 años), la de la vivienda habitual (que ven reducido el plazo de 10 a 3 años para acogerse a ellas), también una bonificación del 99% para las transmisiones agrarias (que es parte del acuerdo con el PP); o de donación (hasta el 95%) si es para adquirir un negocio profesional.

Todo ello debería permitir también, en opinión de la consejera, que la caída en recaudación de sucesiones se compense. La estimación de esa pérdida siempre será provisional por las propias características del impuesto, ya que depende del número de fallecimientos y del patrimonio de los fallecidos. Sin embargo y dado que, según Carcedo, las modificaciones ahora aprobadas «mejoran las herencias en línea directa, protegen el tejido productivo y el empleo y facilitan las transmisiones en vida», el desarrollo de la actividad económica podría compensar los ingresos. «Un objetivo es el mantenimiento de empresas, también mantener el tejido productivo», señaló la consejera quien insistió en que «la fiscalidad no será una variable determinante para las transmisiones en vida, había gente que esperaba cuando lo necesitan ahora»; y así «se pueden producir mejorar en el impuesto de donaciones, y también a través del impuesto de patrimonio».

Distintos agentes sociales, desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha a CCOO, han considerado excesivo el impacto que podría tener una rebaja generalizada de sucesiones. Una postura mantenida también por IU, cuyo portavoz, Gaspar Llamazares cargó este miércoles de nuevo contra la reforma que calificó de «temeraria» y que en su opinión suponen un «pago demasiado alto al PP por la inestabilidad política y presupuestaria del ejecutivo». Sin embargo, Carcedo destacó que el presupuesto de este año, con un monto global de más de 4.000 millones de euros, «cuyo 60% se destina a gasto social» fue aprobado gracias a este acuerdo con los populares sobre sucesiones por lo que dijo no entender las críticas sobre el impacto en unos servicios sociales que cuentan con fondos gracias a que hay unas cuentas autonómicas aprobadas.

En todo caso, la consejera de Hacienda señaló que consideraba aún abierta la negociación de reforma fiscal emprendida el año pasado junto a IU y Podemos pero reclamó que cualquier propuesta que se lleve a la mesa vaya acompañada de las repercusiones que tendrá y señaló que las iniciativas planteadas por los morados «eran una caída de recaudación de 40 millones de euros».

 Carcedo manifestó su oposición a los partidarios de la supresión total del impuesto de sucesiones, destacó que aún con esta reforma en Asturias seguirán pagándolo las rentas más altas y reclamó «una armonización» del tributo en el conjunto del Estado para que «no haya competencia entre las comunidades autónomas». La consejera señaló que «este impuesto tiene un papel que jugar en la equidad y la eficiencia, para una distribución más justa de la riqueza» y reclamó también «acabar con la guerra de falsedades y la ceremonia de confusión» que ha protagonizado buena parte del debate sobre este impuesto ante la opinión pública.

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