«El Principado cierra aulas en la concertada para obligar a los padres a ir a la pública»

Susana D. Machargo REDACCIÓN

ASTURIAS

miguel souto

La Plataforma por la Libertad Educativa señala que el recorte de unidades es «un atentado» contra sus derechos. Critica también el informe de la Sindicatura de Cuentas

01 abr 2017 . Actualizado a las 12:52 h.

«Es un atentado contra la libertad educativa. El Principado utiliza criterios demográficos con fines ideológicos. Cierra colegios de la concertada para obligar a los padres a ir es la red pública». Así de contundentes se han mostrado las familias aglutinadas en torno a la Plataforma por la Libertad Educativa, una organización de reciente creación en Asturias que tiene como objetivo prioritario defender el derecho a elegir centro sin cortapisas. Esto supone, entre otras medidas, la continuidad de la concertada en las mismas condiciones y la supresión de la actual zonificación que ordena las matriculaciones. La plataforma esperaba un recorte. Ya había escuchado al consejero Genaro Alonso asegurar que era «inevitable». Sin embargo, no esperaba que fuesen 32. Ese número rebasa todos sus cálculos.

La caída de las matrículas debido al descenso de la natalidad no les parece suficiente argumento. Defienden otro sistema el de la libre competencia en función de la calidad. Según su criterio, lo que tendría que hacer la Consejería de Educación no es dejar de pagar unidades en colegios concertados sino invertir en las escuelas públicas para que sean igual de competitivas y las familias las elijan. Una de sus portavoces, Elena Figaredo, señala que «si las aulas de la pública están vacías la administración debe encontrar una solución, pero eso no pasar por cerrar cosas que sí funcionan». 

Figaredo duda incluso de que la propuesta del Principado de cerrar 32 unidades a partir del próximo curso sea legal. De hecho, lo estudiarán. Esa desconfianza está vinculada a la planificación. Entiende que pueden cerrar las 16 unidades previstas en primero de Infantil, si quieren. Pero no cree que pueda hacerlo lo mismo con las siete de Primaria o las siete de Secundaria. La razón es que los colegios funcionan por líneas. Así que si tienen tres clases de tercero de Infantil, deberían mantener tres clases en primero de Primaria para que ningún niño se vea obligado a cambiar de centro. Es decir, debe garantizar su continuidad. Lo mismo sucede con el paso de Primaria a Secundaria. Los integrantes de la plataforma señalan que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que avala esta postura.

Sindicatura de Cuentas

Tampoco ha acogido de buen agrado el informe de fiscalización de las subvenciones a los colegios presentado por la Sindicatura de Cuentas, en el que se reclama que se extreme la vigilancia de las actividades extraescolares y los servicios complementarios, que se fijen los precios y se recuerde a la familias de la voluntariedad de estos pagos. Las familias acusan a este organismo de «mostrar una sumisión sospechosa al Gobierno del Principado al asumir sus postulados ideológicos y ser una herramienta al servicio del monopolio educativo». Denuncina que la Administración sólo está pagando el 30% de los gastos generales de los centros, «contraviniendo la legislación» vigente. Entienden que lo que subyace es la intención de «asfixiar económicamente a los colegios concertados incumpliendo la ley que establece la gratuidad de la educación concertada». 

La conclusión que saca la plataforma es que se está buscando su «punto débil» para atacarla. No ve con malos ojos que se vigile la gratuidad en este apartado, algo que ya está en la normativa. Pero demanda que, con el mismo objetivo, se abonen todos los gastos corrientes y no solo ese 30%, porque esa forma serviría para apuntar la gratuidad.