Los ayuntamientos asturianos obtuvieron un superávit de 100 millones en 2016

La Voz REDACCIÓN

ASTURIAS

Reunión de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)
Reunión de la Federación Asturiana de Concejos (FACC)

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) exige al Gobierno central que las administraciones locales puedan reinvertir en 2017 y 2018 ese saldo positivo

07 abr 2017 . Actualizado a las 12:15 h.

Los ayuntamientos asturianos han acumulado desde 2012 un superávit en sus cuentas que asciende a 435 millones de euros -97,6 millones en el último ejercicio-, una cuantía que en el conjunto de España se eleva a 26.000 millones de euros de saldo positivo por parte de las entidades locales.

De esta forma la administración local es, según el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, la única que cumple con los objetivos de estabilidad, contribuyendo de forma decisiva a la reducción del déficit público español comprometido ante la Unión Europea. Por este motivo, García Palacios ha defendido la exigencia planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los Presupuestos del Estado de este año permitan a los ayuntamientos reinvertir en 2017 y 2018 el superávit de 2016 «sin más restricción que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria».

A su juicio, el concepto de inversión financieramente sostenible y la exigencia de generar ingresos por igual cuantía de la reinversión impiden actualmente a los Ayuntamientos ejecutar las infraestructuras y prestar los servicios que demanda la ciudadanía. Se trata, según García Palacios, de dinero que no es de las corporaciones municipales «sino que pertenece a unos vecinos a los que resulta imposible explicar por qué no se invierte en los servicios o equipamientos que precisan los concejos».

Además, advierte de que, dado el retraso que acumula la tramitación de los presupuestos para 2017, se establezca que el plazo temporal para realizar la reinversión del superávit generado el año pasado se extienda a 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones.