ANPE pide a Educación que retire el estudio CiberAstur, que trasladará a una universidad de La Rioja respuestas de 45.000 alumnos de ESO, Bachilerato y TAV «sobre asuntos incluso penalmente perseguibles»
08 abr 2017 . Actualizado a las 15:45 h.La encuesta CiberAsatur, que la consejería de Educación pretende realizar de regreso de las vacaciones de Semana Santa entre la totalidad del alumnado de Secundaria, Bachillerato y TVA asturiano, manejará datos «muy sensibles» de 45.000 alumnos -identificados y, en la inmensa mayoría de los casos, menores de edad- que acabarían alojados en un «servidor no oficial». En ellas se pretende recoger respuestas a preguntas sobre asuntos que «podrían ser perseguibles incluso penalmente», algunas «de naturaleza sexual y otras relativas a amenazas, robo, difamación, hackeo informático, difusión de imágenes o de omisión del deber de socorro». Lo ha advertido hoy el presidente del sindicato ANPE, Gumersindo Rodríguez Sáiz, que ha instado al consejero Genaro Alonso a que «rectifique» y «paralice» la aplicación de la encuesta que ha diseñado y gestionaríala universidad privada UNIR-Universidad Internacional de La Rioja.
Pero esa es solo una de la batería de críticas que Rodríguez Sáiz ha lanzado contra el estudio anunciado el pasado día 28 en la Universidad Laboral de Gijón por Alonso. Todas ellas se resumen, para ANPE, en una: el fin -«diagnosticar y prevenir situaciones de acoso, ciberacoso y otras relacionadas con el uso de Internet y la calidad de vida» de los alumnos asturianos- no justificar el medio: esa masiva encuesta que para el sindicato es tanto como «matar moscas a cañonazos». Una desproporción que, según ANPE, ha provocado también «estupor y rechazo» en profesores tutores y padres.
La encuesta pide también valoraciones sobre la conformidad de los alumnos con su calidad de vida en el centro, sus problemas con el profesorado, la naturaleza del trato con sus padres y familias e incluso su grado de satisfacción con el tiempo o la asignación de dinero que se les destina en casa, según ANPE, que alerta además de la obligatoriedad «tácita» de hacer la encuesta. El sindicato asevera que «no se pide autorización» a las familias, sino que «firmen y comuniquen su oposición en caso de negativa a que sus hijos cumplimenten el cuestionario». «Las familias no saben lo que están consintiendo», sentencia.
Acoso «residual»
Rodríguez Sáiz apela a una contradicción de fondo: la consideración de «residual» que el propio consejero adscribría al acoso escolar en Asturias, a la vista de los únicos dos casos detectados en 2016 a partir de los 17 supuestos casos investigados. En la presentación de CiberAstur, Genaro Alonso habló de una convivencia «razonablemente buena» en los centros asturianos y de «casos aislados».
«No existen razones que justifiquen un estudio de esta dimensión», concluye el presidente de ANPE. Máxime, añade, cuendo el diseño de la encuesta parece «dirigido a probar lo contrario»: para «probar», según Rodríguez Sáiz, «que la detección de acoso o ciberacoso siempre sea positiva», por ejemplo al equiparar el acto de ser «empujado» los de ser «pateado o golpeado». O ser «ignorado» con «ser insultado».
No obstante, el presidente de ANPE ha precisado que «comparte» la preocupación de la administración y la comunidad educativa por el acoso escolar aunque reclama también con medidas «proporcionadas» que potencien simultáneamente la Ley de Autoridad del Profesorado como los derechos y deberes del alumnado. A este respecto, se ha preguntado también por qué no se planteó la colaboración con la Universidad de Oviedo, cuando tiene equipos especializados y es una institución académica «pública y estrechamente vinculada» a la Consejería de Educación.
ANPE también arremete contra la «premura de los plazos», ya que la encuesta comenzará a realizarse el lunes 17 de abril, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, lo que «impide que la encuesta pueda ser conocida adecuadamente por todos los implicados».
El sindicato rechaza además que se permita establecer «categorías de centros» según los resultados, y avisa de que serán los profesores los encargados de «informar a las familias y los alumnos y de aplicar la encuesta» en horarios lectivos. Ello «entorpecería la organización de espacios y tiempos» en las aulas.