La jueza sostiene que mantuvo «absoluto control del Infide» desde 1992 hasta 2014
12 abr 2017 . Actualizado a las 18:07 h.El exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales Pedro Castillejo se habría apropiado de 119.434 euros del SOMA-UGT, el sindicato del que dependía dicho organismo, según refleja un auto del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo.
La resolución judicial ordena la continuación de las diligencias abiertas tras la querella presentada por el sindicato contra el ex secretario general del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y contra Castillejo.
La resolución judicial señala que, entre los años 2004 y 2013, Castillejo habría realizado gastos no justificados con tarjetas de crédito o reintegros en efectivos en cajeros por dicho importe.
Según la juez, en 2004 se apropió de 9.300 euros, cifra que un año después se situó en 8.800 y que se elevó hasta 14.800, en 2006.
Otros 13.200 euros habrían sido sacados de las cuenta a nombre del Infide por su secretario en 2007 y otros 14.100 en el ejercicio siguiente y más de 10.900 en 2009.
En los años siguientes, Castillejo se habría apropiado de más de 15.900 euros en 2010, de otros 13.500 en 2011 y de más de 9.800 en 2012 y de otros 8.600 en 2013.
Según el auto, desde que el exresponsable del Infide asumió la gestión de este organismo en octubre de 1992 hasta que cesó de sus funciones en diciembre de 2014, mantuvo «absoluto control en la misma, tomando todo tipo de decisiones relativas a la actividad, gestión ordinaria, control y destino de su capital».
La titular del juzgado, Simonet Quelle Coto, ha trasladado esta decisión a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que en diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, diligencias complementarias.
Contra el auto dictado por la magistrada Simonet Quelle Coto cabe la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o de apelación en los cinco días siguientes a su notificación.
El SOMA-UGT presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, que después se ampliaron hasta 420.000 euros, y otra contra Castillejo en la que reclamaba la devolución de más de 70.000 euros.