Una orden publicada en el BOE cataloga como «zona de especial vigilancia» varios municipios costeros. Los norma es una actualización del texto de 2006
19 abr 2017 . Actualizado a las 12:49 h.Una orden del Ministerio de Agricultura eleva el control en España para impedir la proliferación de focos de gripe aviar. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado, es un texto refundido y actualizado de los ya publicados en 2006 y en 2011, que cataloga en varios niveles los territorios con mayor riesgo e incluye en ellos a ocho concejos asturianos. Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, Corvera, Gozón, Gijón Villaviciosa y Ribadesella son consideradas «zonas de especial vigilancia». Esto supone que tienen que extremar las precauciones con medidas concretas. Entre ellas, destaca la obligación de crear un censo de explotaciones ganaderas no profesionales con aves, es decir, los gallineros con todo tipo de aves, excepto las de aves ornamentales, como los pavos reales. Gallinas, ocas y patos sí que estarán incluidos en el registro. Galicia, por ejemplo, ya ha puesto la medida en marcha y hace balance.
Las zonas de especial vigilancia son el segundo escalón en la escala de alerta tras las denominadas zonas de especial riesgo, en la que no aparece ningún municipio o humedal del Principado. Las áreas de vigilancia se designan para mejorar la detección precoz de los brotes. Pueden ser territorios en los que existan datos sobre concentraciones elevadas de aves silvestres o donde se produzca una elevada densidad de explotaciones de aves de corral cerca de espacios con muchas aves silvestres. También abarca a aquellos lugares en los que sea imposible o muy difícil evitar el contactos entre las aves cautivas y las silvestres.
Los ocho concejos asturianos considerados zonas de especial vigilancia tienen medidas. La normativa del BOE especifica tres. Una de las más impopulares es que no se podrá llevar aves de corral a certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales que se organicen dentro de sus límites. La única posibilidad de esquivar esta prohibición es que la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que es la que tiene competencia en sanidad animal, lo autorice de forma expresa tras efectuar una evaluación de riesgos que concluya con un resultado favorable.
El ministerio también encarga a los Gobiernos autonómicos que comprueben los registros generales de explotaciones ganaderas para ver si los datos de las empresas están actualizados. La gran novedad aparece en la parte de privada, con ese censo de gallineros. Ordena gestionar un «registro administrativo» en el que se incluirán las explotaciones no comerciales ubicadas tanto en los concejos de especial riesgo como en los de especial vigilancia. Por cada gallinero tendrá que aparecer el propietario, la dirección de la explotación y el número habitual de aves y las especies. Por último, se incluirá el sistema de cría, si es cerrado, abierto o de carácter mixto.
La orden añade una medida complementaria que es la vigilancia de oficio. Las Administraciones autonómicas que tengan territorios sometidos a control podrán realizar visitas aleatorias de control sanitario y también análisis periódicos, en función del riesgo existente en cada momento. Solo deja al margen aquellas granjas que críen aves reproductoras del género gallus.
La gripe aviaria o gripe aviar está, en la actualidad, lejos de provocar la alarma social que produjo hace una década. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta ante la rápida propagación de la gripe aviar por todo el mundo. Francia sacrificó casi cuatro millones de patos por la proliferación de ejemplares afectados por el virus, fundamentalmente, en el sur del país. Estuvo durante meses en un nivel de riesgo elevado que las autoridades rebajaron hace unos días a moderado. También hay ejemplos en España de la aparición de focos en España. Así en Cataluña, en febrero, tuvieron que acabar con 24.000 patos. La suma de todos estos casos no pinta un panorama nada halagüeño.
Las últimas instrucciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no son totalmente nuevas. Son, en realidad, un texto refundido de la orden ya dictada en 2006 que establece medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, adaptadas a los tiempos.