La encuesta sobre el ciberacoso suma más detractores

SUATEA y la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACAE) exigen también la retirada del polémico estudio que plantea la Universidad Internacional de La Rioja

Ficha con una de las preguntas de la encuesta CiberAstur
Ficha con una de las preguntas de la encuesta CiberAstur

Redacción

La encuesta contra el acoso escolar y el ciberacoso acumula más detractores. El sindicato SUATEA y la Asociación Contra el Acoso Escolar (Acae) también exigen su retirada. Los argumentos son muy similares a los esgrimidos en los últimos días por padres y docentes. Ven intereses extraños en este trabajo. Critican que se realice por una entidad privada -la Universidad Internacional de La Rioja- que tendrá acceso a datos sensibles de los estudiantes y sus familias. Denuncian que se plantee de forma atropellada y sin previo aviso, cogiendo a contrapié tanto a las familias como a los propios docentes, que se ven cargados con una tarea burocrática más.    

SUATEA no se cree que una empresa privada vaya a realizar de forma gratuita un trabajo de la complejidad de esta encuesta, que no es de carácter muestran sino que incluirá todos los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. El sindicato considera que lo que está en juego, en realidad, «es el acceso a miles de datos susceptibles de ser utilizados posteriormente en su beneficio». En resumen, «el gran negocio del siglo: los big data, que hoy en día son uno de los mayores nichos de negocio a nivel mundial». «Si algo es gratis, el producto eres tú», argumenta. Comparte también los argumentos de las familias, que consideran que es «una invasión de su esfera privada» y que temen «la posible utilización de los datos obtenidos».

La directiva de ACAE, por su parte, asegura que ha recibido multitud de llamadas de docentes, padres y hasta directores para conocer su posición ante esta macroencuesta amparada por la Consejería de Educación. El colectivo también exige «la inmediata retirada» de un trabajo que considera que se está planteando de«manera farragosa y rápida». «Pensamos que se debe a intereses extraños que ocultan la incapacidad de la empresa (una universidad privada ) para hacer una encuesta como debería hacerse», aseguran sus portavoces. Han recurrido a los grupos de la Junta General del Principado y esperan un pronunciamiento contundente que les ayude a frenar lo que consideran «un despropósito».

El sindicato ANPE ya ha llevado ante la Agencia de Protección de Datos la encuesta dirigida a 45.000 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Transición a la Vida Adulta de centros públicos y colegios concertados. Los padres de la escuela pública también exigen su anulación inmediata. La Federación de Padres Miguel Virgós denunciará esta investigación ante la Consejería de Educación y exigirá que se anule. Pero hasta que esto suceda, ha adoptado una medida preventiva. Recomienda a todas las familias que firmen su oposición al test y que no consientan a sus hijos que lo cubran. El colectivo considera que es «totalmente inadmisible» el procedimiento elegido por la administración.

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