Las medidas anticorrupción naufragan en Asturias por el bloqueo político

PP, Foro y PSOE rechazan la oficina propuesta por Podemos después del informe adverso de los letrados y se complica el acuerdo para unificar iniciativas


Redacción

Después del paro, la mayor preocupación de los españoles en las encuestas de opinión son los casos de corrupción, la sensación de impunidad o de que las investigaciones se prolongan indefinidamente sin solución mientras se suceden auténticas avalanchas en los medios de nuevos descubrimientos de fraude. Esta percepción de que la corrupción aumenta sin freno se reflejó en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada el pasado mes de marzo y que reflejaba que ante la pregunta de cuál era el principal problema de España hasta un 44,8% respondía que la corrupción, hasta siete puntos más que en el barómetro anterior. En Asturias --donde están pendientes de sentencia varios sonados casos-- llegaron a coincidir en el parlamento asturiano hasta tres propuestas de diferentes grupos para luchar contra la corrupción: la Ley de Transparencia (a propuesta del Gobierno socialista y que se arrastra desde la pasada legislatura), una reforma de la Inspección General (a iniciativa de Ciudadanos) y el desarrollo de una Oficina Anticorrupción (planteada por Podemos). El atasco legislativo y el bloqueo de los grupos llevó al PP a plantear a comienzos de este año que se unificaran las tres iniciativas en un mismo texto, algo que fue aceptado por todos los grupos con la excepción de Podemos, en un inicio. Su oficina estaba pendiente de la ponencia que debía darle o no paso ya en esta misma semana y, después del informe de los servicios jurídicos de la cámara (desfavorable) tres grupos --PP, PSOE y Foro-- votaron en su contra con lo que no seguirá adelante. Sobre el papel sigue en pie la propuesta de llegar a sintezar las propuestas en una sola pero la votación de este martes complica aún más la situación con acusaciones cruzadas entre los socialistas, que ven en la iniciativa de Podemos «una chapuza» y los morados que salieron del encuentro cargando contra un «pacto de la vergüenza» que obedece, en su opinión, al intento de no afrontar la corrupción en absoluto.

Después de la votación, el secretario general de Podemos Asturies y también diputado autonómico, Daniel Ripa se despachaba acusando a los partidos que habían votado contra su propuesta de ser los mismos que «están hasta arriba de basura». A su juicio habían coincidido «el partido de Villa, de Riopedre y de El Musel con el partido de Bárcenas, de la Gürtel, de Ignacio González y de Caunedo», todo para mantener «una omertá» que responde al intento de «tapar la basura interna». También declaró que a grandes rasgos su oficina pretendía ser un órgano independiente del Ejecutivo, para que no pudira ser controlado, y que apostaba por dar garantías de confidencialidad a las denuncias emitidas por funcionarios de la administración frente a sus superiores. Para Ripa, el informe de los letrados solo había objetado «cuestiones fácilmente subsanables» y habían sido los partidos los responsables del bloqueo a la iniciativa.

«Incomprensible» y «cuerpo extraño»

Pero lo cierto es que el informe de los servicios jurídicos de la Junta General sobre la iniciativa morada era mucho más duro. Según recoge la información de la agencia EFE, en él se califica de «cuerpo extraño» a la Oficina Anticorrupción, y se señala que vulnera diversas leyes estatales y autonómicas y el principio de legalidad sancionadora recogido en la Constitución al atribuir competencias en ese aspecto al nuevo órgano que pide crear. 

Tras considerar «ininteligibles» e «incomprensibles» otros aspectos de la iniciativa, los servicios jurídicos señalan también entre sus deficiencias el hecho de que no se dé a los empleados de empresas o fundaciones públicas potestad para trasladar comunicaciones a la oficina de posibles irregularidades, pero, sin embargo, sí puedan ser sancionados por no hacerlo.

Además, cuestiona los «desequilibrios» que plantea en la regulación del procedimiento a seguir con las denuncias recibidas por la oficina al no concretar ni quién debe inspeccionar ni qué actuaciones deben llevar a cabo los inspectores de ese órgano de nueva creación ni quien les asignaría esa tarea.

Asimismo, cree «desproporcionada» la mayoría de siete novenos de la Junta que requiere para designar a los inspectores y no ve coherente que, para ser secretario general de dicho órgano, se exija «reconocida competencia en la materia (¿en qué materia?)» y que para ser inspector se requiera una titulación superior determinada.

Una chapuza

En varias ocasiones a lo largo de la legislatura, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Lastra ha señalado que su partido no respaldaría iniciativas que no tuvieran el visto bueno de los letrados de la cámara. El fallo de este martes le dejó en bandeja al diputado Marcos Gutiérrez Escandón fijar la posición del PSOE como rechazo a «una chapuza jurídica que se trataba de tramitar con el envoltorio de una unidad anticorrupción»; además cargó contra Ripa por «querer impulsar iniciativas sin atender mínimamente a los procedimientos» y para exigirle rigor en las propuestas en vez de «llenarse la boca de infundios y de basura». Para Gutiérrez Escandón, el informe es «demoledor» singularmente en sus objecciones a que el organismo propuesto por los morados pudiera tener «capacidad sancionadora» y aseguró que, de darle paso, se podría haber aporbado un texto «ilegal».

También desde Foro, su presidenta Cristina Coto, consideró «inviable» la iniciativa de Podemos por tratar de imitar, según afirmó, «un órgano a la manera de la Oficina Antifraude catalana, de infausto recuerdo» y apuntó que la intención de Podemos era «generar un gran impacto y parecer muy moralizantes» pero los reparos de los servicios jurídicos hacían imposible su apoyo. Por parte del PP, la diputada Emma Ramós señaló que el informe había detectado «graves lagunas» y «vicios insalvables» en la propuesta morada y reiteró la oferta de su grupo de tratar de refundir las distintas iniciativas de los partidos en una ley común.

Un capote y la recuperación futura

Pese a todo, las tesis de Podemos recibieron el apoyo de Ciudadanos quien les echó un capote en su crítica a los tres partidos que habían votado en contra de su oficina. Lo hicieron por boca de la diputada Diana Sánchez quien afirmó que los grupos que la habían rechazado son los que «sus mochilas están cargadas de corrupción». Sánchez afirmó que no había habido «voluntad» por parte de estos grupos de luchar contra la corrupción y añadió que «no nos extraña que estos partidos no quieran combatir esta lacra porque están inmersos en casos de corrupción».

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, lamentó el resultado de la votación aunque la consideró sólo una «interrupción» ya que consideró que podría recuperarse dentro de la Ley de Transparencia. El texto del Gobierno cuenta con un organismo similar, según explicó Llamazares, ya que «de alguna manera está en la Oficina Antifraude, pero podríamos modificarla para hacerla más potente y agil, con la máxima eficacia».

La sintetización en el aire

Todos ellos apostaron de una u otra forma por seguir adelante con el intento de refundir los proyectos de los tres grupos en uno sólo. Ha sido una llamada reiterada desde comienzos del año y más en una semana en la que los grupos parecieron alcanzar un principio de acuerdo para agilizar la tramitación de las leyes en el parlamento autonómico. Pero ¿será posible? Después de valorar el rechazo a su propuesta, Daniel Ripa consideró complicado el acuerdo ya que, en su opinión, la Ley de Transparencia del Gobierno «es deficiente» por ser un organismo que depende del mismo gobierno. También consideró que esa iniciativa no ofrece respuestas adecuadas a que los testimonios y denuncias de corrupción dentro de la administración puedan ser anónimas y que las medidas planteadas para que los ciudadanos puedan reclamar información «son demasiado restrictivas». Más aún, llegó a decir que la ley «no va a luchar contra la corrupción sino que va a ayudar a los imputados». El acuerdo hoy sigue tan alejado como al principio.

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